Tras cumplirse un año de la desaparición de Salomón, Daniel y Marco, estudiantes de la carrera de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, (CAVV), quienes fueron privados de su libertad por sujetos del crimen organizado en el municipio de Tonalá.
3 de los 8 responsables que fueron detenidos podrían perder su libertad, todo a causa de los debidos procesos de los que son señalados, pues según informó el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís, se le imputa por los delitos de secuestro y no de homicidio.
"La posibilidad de que obtengan la libertad es una de las circunstancias que se pueden dar, lo que nosotros hemos precisado es que hubo una falta de profesionalismo al momento de llevar a cabo algunas de las diligencias de las investigaciones que esperamos no trascienden, pero es una posibilidad" - Gerardo Octavio Solís / Fiscal de Jalisco
Adicionalmente las incongruencias que fueron detectadas en el caso, género que la Fiscalía General de la República absorbiera la investigación misma que no ha tenido avances de responsabilidad de funcionarios u omisiones.
Los sujetos detenidos por estos hechos se trata de:
Gerardo N
Omar N - Alias "QBA"
César Arnoldo N Alias "Kalimba"
Los jóvenes estudiantes de cine, fueron abordados por sujetos armados sobre Nuevo Periférico en el municipio de Tonalá, según el reporte de la investigación de la Fiscalía de Jalisco en la administración pasada, tras levantar a los jóvenes, estos fueron llevados a una primera finca en donde uno de ellos perdió la vida por los golpes propiciados, mientras que los 2 jóvenes restantes fueron asfixiados.
El reporte entregado por el Ex Fiscal del Estado Raúl Sánchez, el 23 de Abril del 2018, señalaba que la última morada de los jóvenes fue en una finca de la colonia de Prados de Coyula en Tonalá, ahí los cadáveres habrian sido disueltos en ácido; utilizando 46 bidones de 56 litros y tres tinacos de ácido sulfúrico, procedimiento usual del crimen organizado para no dejar rastro.
El 24 de Diciembre la nueva administración estatal dio a conocer que el caso sería reabierto por la detección de irregulares, apoyados por el Gobierno Federal.