Aunque no es ilegal porque existe un vacío en la regulación, políticos han utilizado recursos públicos para promover sus propios perfiles personales en redes sociales, cuando la tendencia debería ser utilizar sólo las páginas institucionales para compartir información oficial y de interés para la ciudadanía, advierte el académico e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Juan Larrosa-Fuentes.
"Son plataformas privadas, de alguna manera, que finalmente están mandando mensajes públicos, entonces ahí la recomendación sería que todo ese tipo de publicidad realmente se pudiera hacer desde las cuentas institucionales, de las páginas o de las cuentas de Facebook o Twitter, pero del Gobierno del Estado o de las Presidencias Municipales, y no desde las cuentas personales, de los gobiernos, porque eso luego tiene un impacto incluso en las elecciones", advierte.
Gracias a una nueva herramienta de Facebook, la Biblioteca de Anuncios, creada en agosto para transparentar quién paga los anuncios sobre temas sociales, elecciones o política, Meganoticias pudo corroborar que hay cinco municipios metropolitanos que usan dinero de Comunicación Social para promocionar los perfiles personales de los alcaldes.
Alcaldes que utilizan recursos públicos en páginas personales (agosto-noviembre):
Los más de seiscientos mil pesos del erario que utilizaron estos cinco alcaldes para promocionarse hubieran servido para alimentar por dos semanas a más de mil 300 familias, a través de la iniciativa "Jalisco sin Hambre".
En el resto de municipios del Área Metropolitana, las alcaldesas de Juanacatlán, Adriana Cortés, y de Tlaquepaque, María Elena Limón, sí han promocionado sus perfiles personales, pero con dinero de sus bolsillos, no con recursos públicos; y los presidentes municipales de Tonalá, Antonio González, y de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, no tienen registro de anuncios en Facebook.
La página personal del gobernador Enrique Alfaro Ramírez también tiene registro de 16 anuncios pagados por el Gobierno del Estado por más de 375 mil pesos, más de la mitad que lo gastado por los cinco alcaldes.
Aunque este gasto no está prohibido por la ley, el integrante de AMEDI considera que afecta las elecciones, al no generar un un piso parejo entre candidatos que no han tenido puestos públicos ni han usado el dinero del erario para sus redes sociales.
"En todos esos puestos públicos ha utilizado dinero público para manejar sus redes sociales, lo cual no es ilegal, pero no pone una cancha pareja, es decir, si yo mañana me quiero lanzar a ser gobernador, no voy a poder alcanzar el número de seguidores, la pauta, las comunidades que ellos ya tienen en redes sociales y que definitivamente se construyen a lo largo del tiempo, no se construyen de un día para otro, y lo que hay que entender aquí es que esa construcción ha sido con dinero público y ha sido completamente discrecional", advierte Juan Larrosa.
Para el experto es necesario regular a las oficinas de comunicación social para que sólo utilicen dinero del erario para promocionar las cuentas institucionales; además, es considera que con presión social se puede conseguir que otras plataformas sigan los pasos de Facebook y transparenten quiénes están detrás de la propaganda que se paga para difundir temas políticos y electorales.