Las principales organizaciones de grúas como CONATRAM, AGRUJAL y AGRÚAS denunciaron que el proceso de regularización de grúas que realizó el año pasado la Secretaría del Transporte sólo fue un acto recaudatorio, pues a pesar de que los empresarios establecidos cumplieron con los requisitos de ley, la dependencia estatal entregó permisos a empresas que no cumplen al cien por ciento con lo establecido en la ley.
Además señalan que las autoridades distribuyen los servicios de grúas de forma discrecional, pues el 80 por ciento se asignan a grúas irregulares y el 20 restante a empresas registradas, así lo detalló Diego Bolio Corona, delegado de CONATRAM en Jalisco.
"Bueno, hay alguna cantidad que sí pasa a través de la cabina, yo creo que es un 20% de lo que sí se da a través de la cabina y un 80% por fuera de la cabina, cuando los policías viales de alguna forma solicitan el servicio a sus amigos o a empresas que incluso les compran los servicios, o sea, sí te doy el servicio, pero dame una cantidad de dinero para que puedas trabajar con nosotros".
Además denunció la falta de claridad y transparencia en el modelo de operación de los depósitos de vehículos autorizados por el Gobierno del Estado. Recordó que el Gobierno de Jalisco debe 68 millones de pesos desde hace varias administraciones a empresarios de grúas por servicios otorgados a sus dependencias. Hizo un llamado al Gobernador electo, Pablo Lemus, para dialogar y resolver definitivamente las irregularidades que afectan al sector.