La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Instituto de Pensiones del Estado que aprobó el Congreso de Jalisco para topar las llamadas pensiones "doradas" de exfuncionarios.
El organismo defensor señala de ilegal la reducción de pensiones mayores a 100 mil pesos mensuales, pues asegura que es una medida retroactiva que transgrede el derecho a la seguridad jurídica y no garantiza la tranquilidad y el bienestar personal.
En la reforma, el Congreso justifica su decisión en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló en un caso de Perú que es válido reducir las pensiones en caso de utilidad pública. Ante la posibilidad de que el IPEJAL se vuelva inviable para el año 2029, los legisladores aseguran que está justificado reducir las altas pensiones para que nadie reciba más de 104 mil pesos.
Sin embargo, la CNDH advierte que en la misma resolución sobre el sistema de pensiones de Perú, se sentencia que no se puede reducir el monto de una pensión de forma ilegal y retroactiva, que señala es el caso de la reforma al IPEJAL.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine si la reducción de pensiones "doradas" se hizo de forma legal y justificada, o si es irregular y debe derogarse.