Claman justicia por asesinato del padre Marcelo, defensor indígena mexicano
El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil y defensor de los derechos humanos, ha conmocionado a Chiapas y a gran parte del país.
Organizaciones civiles, catequistas indígenas y sacerdotes alzaron la voz durante la misa de cuerpo presente, para denunciar que su muerte fue resultado de su lucha contra la violencia del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano.
Luis Pérez, representante de la parroquia de San Andrés Apóstol, declaró: "Al padre Marcelo lo mataron por denunciar las injusticias en nuestras comunidades, por alzar la voz contra la violencia del crimen organizado y la complicidad del Estado". Marcelo Pérez fue asesinado a tiros el domingo en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística de Chiapas, mientras se encontraba dentro de su vehículo.
El padre Marcelo no solo se dedicaba a la labor pastoral, sino que también fue un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Incluso contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido, pero estas medidas no fueron adecuadamente atendidas por las autoridades.
Durante la ceremonia fúnebre, cientos de indígenas de las etnias tzotzil, tzeltal, chol y tojolabal acudieron para rendir homenaje al sacerdote, recordándolo como un defensor incansable de los derechos humanos. La misa fue presidida por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, quien exigió la desarticulación de los grupos criminales en Chiapas y afirmó que el asesinato no debe quedar impune.
El impacto del crimen ha generado una ola de indignación. Amnistía Internacional y otras organizaciones han condenado el asesinato y exigido una investigación exhaustiva. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum prometió que el caso no quedará sin castigo y que se está investigando a fondo.
Este trágico hecho pone en evidencia los riesgos que enfrentan los activistas en México, donde la violencia y la impunidad han afectado a las comunidades más vulnerables. Desde 2017, al menos 134 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, una alarmante tendencia que sigue en aumento.
Con información de EFE.