Denuncia
Exfuncionarios del SAT enfrentan cargos por desfalco de 172 MDP
Por:
Missael Nava
CDMX
25-11-2024
Dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el mandato de Enrique Peña Nieto han sido vinculados a proceso por un juez federal debido a su presunta implicación en un daño al erario público estimado en 172 millones de pesos
Leopoldo Carrillo Werring, ex Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén Durán Miranda, quien fuera Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, enfrentan cargos por falsificación de documentos, uso indebido del servicio público y delitos contra la administración pública.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), ambos funcionarios habrían utilizado su posición para facilitar operaciones que lesionaron gravemente las finanzas públicas. Este procedimiento es parte de una política gubernamental enfocada en erradicar prácticas de corrupción dentro de las instituciones del país. Además, estas acciones están alineadas con el objetivo de fortalecer la recaudación tributaria y garantizar que los recursos se gestionen adecuadamente en beneficio de la ciudadanía.
Carrillo Werring asumió su cargo en enero de 2018, mientras que Durán Miranda desempeñó sus funciones entre julio de 2017 y diciembre de 2018
Ambos operaron en un periodo señalado por diversos informes de irregularidades dentro del SAT, incluyendo denuncias relacionadas con el uso de empresas factureras para defraudar al fisco. Dichas denuncias llevaron a la apertura de investigaciones que ahora derivan en su vinculación judicial.
El esquema de defraudación fiscal vinculado a estos hechos consistía en la utilización de empresas "fantasma" para emitir facturas apócrifas, generando operaciones simuladas con las que se evadían impuestos. Este modelo de corrupción fiscal provocó pérdidas millonarias al Estado y comprometió las labores de recaudación. Según algunos medios, este caso se suma a una lista de procesos abiertos contra exfuncionarios que participaron en operaciones similares durante administraciones previas, donde las auditorías han detectado un impacto económico masivo.
La FGR no ha detallado las medidas cautelares aplicadas a los imputados, pero se confirmó que los delitos imputados no ameritan prisión preventiva automática