En la Laguna, el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas directas e indirectas de feminicidio presenta serias deficiencias y disparidades. Mientras que en Coahuila se ofrece una atención limitada a los hijos e hijas de las víctimas, en Durango, no existen apoyos o asistencia, lo que los deja en desamparo.
Este es el caso de las dos hijas de María Fernanda, quien fuera encontrada sin vida el 17 de enero de 2022, en el canal Sacramento, en Gómez Palacio.
"Dicen que Gómez no tiene dinero y Torreón si tiene, pero como no pasó aquí en Torreón, pero mija es de Torreón y las niñas son de Torreón, las niñas tienen que tener derecho igual que todos a lo mismo, ellas hubieran querido que estuviera su mamá, no estar pidiendo despensas ni estar pidiendo dinero", Claudia Rodríguez, mamá de María Fernanda, víctima de feminicidio.
Además de lidiar con la dolorosa pérdida de su hija, Claudia asumió el cuidado y manutención de sus dos nietas por lo que pasó de tener dos a cuatro hijos. A casi tres años de la tragedia no tiene apoyo gubernamental.
"Yo la vez pasada estuve enferma y me quedé pensando: mis niñas están desprotegidas, el día que yo falte ¿qué van a hacer? el gobierno no las está reconociendo como víctimas, porque ellas son víctimas también".
Dice que, en campaña, el ahora gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, prometió integrar a sus nietas al padrón de hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Sin embargo no ha cumplido. Incluso, el autoproclamado "gobernador de las mujeres" ni siquiera le ha dado audiencia al colectivo Madres Poderosas, conformado por las mamás de las víctimas.
"Se comprometió con nosotras que nos iba a apoyar en lo que fuera necesario y aquí nosotros ahorita necesitamos más que nada un decreto que nos indique que es lo que nos está apoyando para nuestros niños", dijo Cristela Soto, mamá de Daisy, víctima de feminicidio.
"Queremos esa reunión más que nada y que se lleve a cabo la reparación de daños integral que hasta ahorita no han podido solventar", agregó Rosa María Rocha, mamá de Dana Milagros, víctima de feminicidio.
En Coahuila, el gobierno ofrece apoyo económico y alimenticio, aunque solo a una parte de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Los colectivos dicen que les pidieron no integrar a más menores, como si se tratara de una dádiva y no de una responsabilidad del Estado de reparar el daño causado por su incapacidad para evitar el asesinato de las mujeres.