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28 de Diciembre del 2024

DD. HH.

Justicia en México ni pronta ni expedita

La justicia ha sido calificada en México como una puerta giratoria debido a que gran cantidad de detenidos por algún delito, salen en libertad sin ser juzgados por la ley.

El poder judicial ha sido señalado como responsable, sin embargo, los juzgadores aseguran, que los vacíos legales que permiten a un criminal salir sin ser juzgado, mayormente corresponden a malas actuaciones de los ministerios públicos.

"¿Qué sucede?¿Qué pasa ahí? Evidentemente somos jueces de control, somos jueces que debemos respetar los derechos humanos de esas personas y la respuesta va a ser una libertad, pero una libertad no dada por un juez, sino una libertad dada por una mala investigación, por una mala actuación de nuestros policías". Cynthia Montes de Oca Miranda, Tribunal Colegiado de Apelación del Poder Judicial de la Federación. 

La violación a los derechos humanos de los detenidos e inconsistencias en las carpetas de investigación de los ministerios públicos sobre las detenciones y traslados, son el principal motivo.

"Hay mucha deficiencia en la integración de las carpetas, y ahí es donde se debe precisamente concertar la reforma judicial, en la preparación profesional de los fiscales de los Ministerios Públicos". Omar Liévalos Ruíz, Magistrado del Poder Judicial de la Federación. 

Debido a los tratados internacionales y el nuevo sistema de justicia penal, el respeto a garantías individuales son una prioridad para el ejercicio de la justicia, esto permite que los defensores de los detenidos obtengan la libertad de sus representados.

"Si de verdad queremos combatir la corrupción en este punto, si de verdad queremos que se haga justicia respecto a las personas que se llevan detenidas, entonces enseñemos a nuestros policías al respeto a los derechos humanos, capacitemos a nuestros fiscales". Cynthia Montes de Oca Miranda, Tribunal Colegiado de Apelación del Poder Judicial de la Federación. 

Por ello los juzgadores destacan la importancia de capacitar a los ministerios públicos y todo el personal encargado de las detenciones, desde la actuación de la policía sin violentar a los detenidos.






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