La CNDH respalda la participación militar en seguridad pública
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha presentado su "Informe Especial sobre la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, prevención y cultura de la paz", en el que defiende la integración de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad como parte de un modelo de cooperación institucional y no como una militarización. El organismo subraya que la participación del Ejército y la Marina responde a los retos actuales de seguridad del país, sin transgredir los derechos humanos ni socavar el principio de civilidad que debe regir las instituciones del Estado mexicano.
En el análisis, la CNDH señala que la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es radicalmente diferente a las utilizadas en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En lugar de ser una estrategia exclusivamente militarizada, como muchos critican, esta nueva política se desarrolla dentro de un marco legal robusto que tiene como base la colaboración entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, en un esfuerzo por abordar las condiciones de violencia y delincuencia que aquejan al país.
Una de las decisiones más controvertidas del actual gobierno ha sido la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una medida que ha suscitado intensos debates sobre su posible implicación en una mayor militarización
Sin embargo, la CNDH considera que esta acción debe ser vista como un paso estratégico para consolidar las capacidades operativas, logísticas y territoriales de la Guardia Nacional, al contar con el respaldo del Ejército. Según el informe, este cambio no significa que se esté reemplazando a las autoridades civiles por las militares, sino que ambas colaboran para mejorar la seguridad pública.
La CNDH aclara que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública debe interpretarse como una complementación, más que como una militarización absoluta, y resalta que este modelo no ha comprometido los principios de subordinación al poder civil. Según la Comisión, este enfoque ha tenido efectos positivos, con una disminución en varios delitos que previamente estaban fuera de control.
Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, el informe revela que se registró una baja en los delitos del fuero federal, el robo de hidrocarburos, los homicidios dolosos, los feminicidios y los secuestros. Asimismo, se observó una reducción considerable en el robo en sus diversas modalidades
Uno de los puntos más importantes del informe es la significativa disminución de las quejas interpuestas contra las Fuerzas Armadas, lo que se considera un reflejo del impacto positivo de las políticas de seguridad. Entre noviembre de 2006 y noviembre de 2012, la Sedena recibió un total de 7,808 quejas ante la CNDH. Sin embargo, en el sexenio de López Obrador, este número se redujo a 2,184, lo que representa una disminución del 72%. Este dato es visto como un indicio de que las fuerzas armadas están operando con mayor responsabilidad y eficiencia.
De manera similar, las quejas contra la Secretaría de Marina también experimentaron una baja importante. Mientras que entre noviembre de 2012 y noviembre de 2018 la institución recibió 1,808 quejas, en el gobierno actual esa cifra se redujo en un 58%.
A pesar de los cuestionamientos sobre una posible militarización de las funciones de seguridad, la CNDH enfatiza que no existen elementos sólidos que respalden esa acusación
La Comisión subraya que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública forma parte de una renovación del sistema de seguridad en México, con un enfoque centrado en la coordinación y colaboración entre diferentes instituciones del Estado.
Además, el organismo destaca que este sistema tiene como objetivo la promoción de una cultura de paz, respeto a los derechos humanos y convivencia democrática, lo que refuerza el Estado de derecho en el país. En este sentido, la CNDH concluye que las fuerzas armadas no están asumiendo el control exclusivo de la seguridad, sino que están desempeñando un papel complementario en un modelo que busca proteger tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la población.
Aunque el informe de la CNDH presenta un panorama positivo en cuanto a la reducción de delitos y la disminución de quejas, las implicaciones a largo plazo de la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública siguen siendo objeto de debate
Sin embargo, la CNDH mantiene que la clave radica en la coordinación y el equilibrio entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, evitando cualquier concentración excesiva de poder en un solo sector y asegurando que los derechos humanos sigan siendo una prioridad.