Por: Andrés Solis/@aasolisa
Al cierre de 2023 dos de cada cinco personas privadas de la libertad no habían recibido sentencia; de éstas, 44.3% están presas bajo el criterio de Prisión Preventia Oficiosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI.
El Congreso Mexicano aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución, con lo que se amplía el catálogo de delitos que recibirán Prisión Preventiva Oficiosa; con lo que las personas enfrentarán su juicio tras las rejas, sean o no culpables.
Francisco Ramírez Acuña, senador del PAN, señala "de encarcelar a cualquier ciudadano, víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de los dichos de denuncias anónimas o el cumplimiento de consignas propias del populismo punitivo".
Mientras que Lucía Trasviña Waldenrath, senadora de Morena, asegura "arremeten en contra de la Prisión preventiva Oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional; sin embargo olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas".
Con esta reforma, quienes cometan delitos como extorsión, producción y comercialización de fentanilo y precursores, así como el uso de facturas falsas, deberán enfrentar su juicio en prisión, sin posibilidad de pagar una fianza.
Bernardo León, politólogo y abogado, destaca, "pero referente a la Prisión Preventiva Oficiosa es porque básicamente asumimos de manera oficiosa que si te acusan de alguna lista de delitos, entonces yo te supongo culpable y te meto a la cárcel antes de que haya un juicio, de que se desahoguen pruebas".
Israel Zamora, abogado constitucionalista y exsenador por Morena, expone, "aunque no se lo pida el Ministerio Público, el juez debe decretar la prisión preventiva, ¿por qué es necesario?, primero para evitar que el sujeto pueda darse a la fuga, también para garantizar la seguridad de las víctimas".
Con esto el Estado Mexicano confía en abatir la impunidad en delitos de alto impacto.
Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, aclara "la sensación en la comunidad con la detención y la vinculación a proceso y que se queden en prisión preventiva, pues es ya, ya se quedó en la cárcel"