La ´directora general de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida Aletse de la Torre informó que este domingo 28 de marzo de la semana 10 a la 11 de 2021 se observó un decremento de 10% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, se reportan 2 millones 224 mil 767 casos confirmados, el número de defunciones confirmadas asciende a 201 mil 623, en cuanto a casos activos son 34, 495; los pacientes recuperados asciende a 1, 761, 786 pacientes.
En las últimas 24 horas la Secretaria de Salud reportó 194 nuevas defunciones,
sobre el reporte de vacunación hasta el momento se han aplicado 825 mil 185 em esquemas completos de vacunación en sus dosis.
En cuanto a la jornada de vacunación este domingo, se aplicaron 126, 624 vacunas; en total se han aplicado 6, 852, 596 de dosis, en total México han recibido 10, 823, 844 dosis de distintos laboratorios.
La crisis de personas desaparecidas en México no se ha resuelto, en parte porque a pesar de que existe un protocolo homologado de búsqueda, lo que falta es verdadera coordinación entre las autoridades de todos los niveles y de los tres poderes de la unión..
Las búsquedas se hacen de manera desarticulada y las autoridades responsables prefieren dejarle esa labor a colectivos y a las propias familias.
La alerta Amber es una estrategia conjunta para buscar a niñas, niños y adolescentes, pero la búsqueda de personas adultas está menos organizada en México.
La ley general en materia de desaparición reconoce dos perfiles: las personas desaparecidas y las personas no localizadas.
Una persona desaparecida es aquella de la que no se sabe donde está y que podría ser víctima de un delito y es obligación de las autoridades buscarla desde el momento mismo en que se enteran de su ausencia.
Las personas desaparecidas pueden ser menores o mayores de edad, hombres, mujeres o de otra identidad sexogenérica.
Las personas no localizadas, siempre son hombres mayores de edad que no se sabe donde están, pero no hay indicios de que puedan ser víctimas de un delito y por tanto no obliga a las autoridades a iniciar investigaciones ni búsquedas.
Hasta ahora, sólo el estado de guerrero cuenta formalmente con la alerta violeta, específica para la búsqueda de mujeres.
En el resto del país existen alertas violeta, que operan para casos de violencia en razón de género que puede incluir o no casos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.
La reacción debe ser inmediata...
Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de desaparición del comité Cerezo dijo que hay varias cosas que hay que hacer casi al mismo tiempo; uno efectivamente ir a la fiscalía, sobre todo la fiscalía especializada en delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, actualmente en la mayoría de los estados de la república hay esas fiscalías especializadas, segundo, si tenemos la sospecha que participaron autoridades federales, nos corresponde la FGR.
"También tiene que activarse un protocolo más específico, porque si se sospecha que por su condición o su labor de defensa de derechos humanos o de libertad de expresión fue víctima de desaparición forzada, en teoría tendría que acelerarse mucho más", agregó.
María Eugenia Arriaga Salomón, coordinadora de comunicación del centro para los derechos humanos Fray Juan de Larios dijo que siempre les decimos que tienen que poner la denuncia en la fiscalía y también a la comisión de búsqueda, la comisión estatal de búsqueda, porque ciertamente hay un enlace, en la página de internet puedes encontrar la comisión nacional de búsqueda, pero los de la comisión nacional te van a mandar al estado a donde haya desaparecido la persona.
Y aunque todas las personas merecen ser buscadas, en el caso de que la víctima sea defensora de derechos humanos o periodista, al protocolo homologado de búsqueda se deben sumar los protocolos específicos de la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Con información de Andrés Solis
El municipio de Uruapan en Michoacán es señalado como una de las ciudades más inseguras para vivir de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que fue publicada el 22 de enero. De acuerdo a los datos recabados en el país, se encuentra en el segundo lugar de la lista con mayor percepción de inseguridad entre las personas de 18 años y más.
CIUDADES CON MAYOR PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
VILLAHERMOSA CON EL 95.3%
URUAPAN EL 92.5%
FRESNILLO 90.9%
CULIACÁN ROSALES 90.6%
TUXTLA GURIÉRREZ 90.6%
TAPACHULA 90.1%
FUENTE: INEGI
En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el 68.9 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 63.0 %, en el transporte público; 55.0 %, en la carretera, y 53.6 %, en el banco. En diciembre de 2024, de la población de 18 años y más, residente en las áreas urbanas de interés, 30.9 % consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que, 21.6 % de la población refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses.
Los ciudadanos manifestaron la confianza y efectividad de las instituciones de seguridad de la siguiente manera:
CONFIANZA Y EFECTIVIDAD EN LA SEGURIDAD
LA MARINA 87.6%
EL EJÉRCITO 83.4%
FUERZA AÉREA MECICANA 83.3%
GUARDIA NACIONAL 74.0%
PLICÍA ESTATAL 53. 9%
POLICÍA MUNICIPAL 47.5%
FUENTE: INEGI
En cuanto a los problemas que más impactan su ciudad, 84.5 % de la población de 18 años y más manifestó que son los baches en calles y avenidas; 63.0 % dijo que son las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 60.6 % consideró que el alumbrado público era insuficiente. Durante el segundo semestre de 2024, se estima que 25.4% de los hogares tuvo, como mínimo, una o un integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público (incluye robo en banco o cajero automático) o robo en forma distinta a las anteriores o extorsión
El sector aguacatero está siendo revisado con lupa por el gobierno de Michoacán, la Secretaria de Desarrollo Económico ya realizó 29 sanciones contra quienes presentan irregularidades en su proceso de producción, así como el aseguramiento de los empleados, pues son un sector vulnerable. Claudio Méndez, titular de SEDECO, señaló que se continúa con las inspecciones para lograr que los empleadores mantengan en regla sus empresas.
Expresó que ya se tiene el marco jurídico para sancionar a quienes no cumplan con la meta de que los alrededor de 110 mil empleados tengan seguro, resaltó que actualmente no se llega ni a los 20 mil beneficiaros con este derecho. Entre huertas, empresas de corte y empaques se están analizando para que se mantengan al margen de la ley ya que los mercados internacionales ya se encuentran solicitando que los productos exportados de Michoacán estén libres de deforestación y el Estado en la mira con el mayor número de empleos formalizados.
A pesar de que los jornaleros pueden ganar entre 2,500 y 4,000 pesos semanales cuando el corte es abundante, sus ingresos no reflejan una seguridad laboral. En los pocos casos en que son asegurados, esto se realiza con el salario mínimo, lejos de sus verdaderas percepciones. Las campañas gubernamentales para formalizar a estos trabajadores han tenido poco impacto.
La seguridad social es una institución nacida de la solidaridad humana, que se manifiesta en la reacción de ayudar a personas o grupos en estado de necesidad. La Organización Internacional de Trabajo la define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas.