La justicia de Bolivia emitió una orden de arresto contra Evo Morales por trata de menores durante su mandato (2006-2019). El expresidente fue declarado prófugo tras no presentarse a ninguna de las audiencias.
"Se dispone (que) se libre el mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)", dijo este viernes Nelson Rocabado, juez de Tarija (sur), al dar a conocer su resolución en una audiencia pública y transmitida por el canal estatal de televisión.
La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a una sede del Ministerio Público a declarar.
La nueva orden de aprehensión es para que sea conducido ante el juez que dirige la causa.
Durante la audiencia, el juez también declaró "rebelde" al líder cocalero.
"Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca", dijo a la prensa Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, al término de la diligencia.
Además, el juez congeló sus bienes y prohibió su salida de Bolivia.
La audiencia se llevaría a cabo el martes, pero Morales no se presentó. Sus abogados alegaron problemas de salud.
La defensa presentó certificados que le diagnosticaban bronconeumonía y bradicardia.
Sin embargo, el juez rechazó esos informes. Según Gutiérrez, los documentos médicos presentados por la defensa y evaluados por el juez "no son impedimentos jurídicos valederos" que justifiquen su inasistencia.
Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Los padres de ella consintieron la unión en un intercambio de favores. Fruto de la relación nació una hija un año después.
De acuerdo con el expediente, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".
Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020.
En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de 14 a 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata.
De ser condenado, Morales podría pasar de 10 a 15 años de prisión.
Aunque su paradero es público, la policía aún no ha ejecutado la orden de aprehensión de la fiscalía.
El expresidente se encuentra desde septiembre en el Trópico de Cochabamba, su feudo político en el centro del país, bajo la protección de sus partidarios, que aseguran haber montado varios "anillos de seguridad" para impedir su detención.
"La seguridad del hermano Evo, en este momento" está a cargo de más "de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas", dijo el miércoles a la AFPVicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Estado.
Desde que salió a la luz el proceso, Morales asegura que es víctima de una "brutal guerra jurídica" orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro y exaliado.
Ambos están enfrascados en una intensa lucha por el control del partido oficialista y por el liderazgo de la candidatura presidencial de la izquierda.
Morales lo acusa de intentar "proscribirlo" de la carrera electoral de agosto próximo, aunque la justicia en noviembre restringrió sus ambiciones políticas, al limitar la reelección por más de dos gestiones de gobierno.
Vecinos de la colonia Santiaguito, manifestaron su inconformidad y preocupación por la ampliación de una obra para beneficio de la gasolinera que se encuentra en las cercanías y que afecta las banquetas del sitio. Aseguran que violenta la ley de movilidad y es un peligro para los peatones que transitan por la zona, pues se quiere expandir el espacio de espera de la gasolinera, esto implica dañar y utilizar las banquetas.
La preocupación de los vecinos es que la modificación se haría a las orillas del Libramiento, por lo que dejaría a los peatones, personas con discapacidad y menores de edad en un grave peligro de ser arrollados por vehículos, sobre todo por el gran fujo de transporte público. Los vecinos externaron que ya se pusieron las respectivas denuncias en el ayuntamiento y se intentó contactar al secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, ya que se detectó que el concesionario de la gasolinera no tiene el permiso para modificar las vialidades.
Alejandro Núnez: "Sí hubo empujones, sí hubo violencia verbal y también de género, aventaron a una señora de la tercera edad, quisieron golpear a una menor de dad, todo esto fue el personal contratado, es decir, todo el personal de la constructora, desconocemos también la identidad de la constructora".
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lleva a a cabo actos de investigación con relación a los ataques a tres bares de Morelia, en los que tres personas fueron privadas de la vida y una más lesionada.
En los primeros minutos de hoy, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), acudió al bar Kandy?s, ubicado en la avenida Madero, en la colonia La Quemada. Afuera, sobre la acera del establecimiento, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba heridas por disparo de arma de fuego.
Asimismo, el personal se desplazó en las inmediaciones del bar Punta Cometa, ubicado en el Boulevard García de León, de la colonia Chapultepec Sur, concretamente sobre la cerca, lugar donde se perpetró el homicidio de dos hombres; ambos presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego.
Tras diligencias, se dispuso el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se practique la necropsia y continuar con las actuaciones protocolarias de identificación.
Asimismo, en la agresión realizada al bar Excesso, ubicado en Periférico República, una persona identificada como Leonardo O., de 39 años de edad, fue herida por disparo de arma de fuego. En el lugar, también fueron dañados dos vehículos.
En la inspección realizada en los tres lugares de intervención, mismos que fueron asegurados, se ubicaron, fijaron y recolectaron indicios balísticos calibre 9 mm., mismos que fueron embalados para su análisis.
Con relación a estos hechos, la triada investigadora (Ministerio Público, policías y peritos en diversas disciplinas) llevan a cabo las actuaciones respectivas que conduzcan a su esclarecimiento.