Ampliar delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa podría representar violaciones a derechos humanos y encarcelar por al menos dos años a personas que sean inocentes.
"Mi vida cambio totalmente desde el punto de vista laboral, personal; laboral pues ya no pude conseguir otro trabajo, como el que venía haciendo debido a este proceso, que para nosotros es algo injusto", asegura un testimonio anónimo.
José fue encarcelado por un delito que no cometió, le dictaron como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y sus abogados lograron cambiar la decisión del juez para enfrentar el proceso en libertad, pero con el estigma de ser un delincuente.
Al cierre de 2023, había 233 mil 277 personas privadas de la libertad en 331 prisiones federales y estatales del país; 37.3 por ciento sin sentencia y de éstas, dos de cada cinco están en prisión preventiva oficiosa.
En el caso de los Estados de México y Michoacán, 100 por ciento de las personas que enfrentan proceso encarceladas, están en prisión preventiva oficiosa, contra cero por ciento de casos en prisiones de Baja California, Durango y Tamaulipas.
La ampliación de delitos a los que se impondrá prisión preventiva oficiosa, reavivó la discusión sobre el riesgo de encarcelar a personas inocentes.
Bernardo León, politólogo y abogado dijo que el gran problema que tiene es que asume que por la clasificación del delito que te están imputando, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia dijo que "en opinión de varias organizaciones, no sólo del instituto, es un tema bien peligroso, porque el espíritu del sistema penal acusatorio, de un sistema adversarial como el nuestro, es que haya un equilibrio ahí, que implica que la persona imputada tenga derechos y uno de estos derechos es la presunción de inocencia".
Sin embargo, la intención no es violentar la presunción de inocencia, bajo este criterio quedaron fuera de la reforma delitos como "narcomenudeo" y defraudación fiscal.
Israel Zamora, abogado constitucionalista y ex senador por Morena dijo que dos acciones que se tomaron y que le concedieron la razón a organizaciones que tenían esta inquietud, pues fue haber eliminado tanto el delito de defraudación fiscal, como el delito de narcomenudeo.
Se busca también evitar que un presunto delincuente regrese a las calles después de pagar una fianza y aunque esté enfrentando un juicio penal, pueda seguir cometiendo más delitos.
Con información de Andrés Solis