El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva destinada a judicializar a las ciudades que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias federales, conocidas como "ciudades santuario"
Esta medida instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a identificar y publicar una lista de dichas localidades que, según la administración, obstaculizan la aplicación de la ley federal de inmigración.
Una vez identificadas, el decreto faculta a estos departamentos para emprender acciones legales contra esas jurisdicciones, incluyendo la suspensión de fondos federales que reciben.
Trump calificó a estas ciudades de estar en una "insurrección ilegal" por no cooperar con las autoridades migratorias
Las "ciudades santuario" defienden sus políticas argumentando que fomentan la confianza entre las comunidades migrantes y la policía local, permitiendo que las personas denuncien delitos sin temor a ser deportadas.
Cabe destacar que bajo la legislación estadounidense, la residencia sin estatus legal es una falta civil, no criminal.
Además de esta orden, Trump firmó otra directriz que refuerza su política migratoria, enfocada en las fuerzas del orden. Esta segunda medida busca brindar apoyo legal a los agentes acusados de abusos, relajar restricciones a sus acciones y dotarlos de equipo y armamento militar.
Desde el inicio de su segundo mandato, la administración Trump ha promovido más de 456 acuerdos entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que facultan a policías en todo el país para arrestar a migrantes en situación irregular
Sin embargo, estas acciones han enfrentado resistencia judicial. Un juez federal en San Francisco bloqueó recientemente la retención de fondos a 16 ciudades y condados "santuario", argumentando que la administración está imponiendo condiciones inconstitucionales para la financiación federal y violando derechos locales.
Entre las jurisdicciones afectadas están Minneapolis, Nueva York, Seattle y Portland.
La polémica sobre las políticas migratorias se intensifica en un país dividido entre quienes apoyan medidas estrictas para controlar la inmigración y quienes defienden los derechos de los migrantes y la autonomía local.
La Casa Blanca sostiene que estas acciones son necesarias para proteger la seguridad nacional y hacer cumplir la ley, mientras que críticos señalan que afectan la cohesión social y la confianza entre comunidades y autoridades