Tumbas prehispánicas de Tingambato

Rubén Oseguera González, conocido como "El Menchito", hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de narcotráfico y uso de armas de fuego.

La jueza Beryl A. Howell también impuso una multa de 6 mil 26 millones de dólares, tras determinar que Oseguera González traficó toneladas de cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

El veredicto se dictó el 20 de septiembre de 2024, cuando un jurado lo halló responsable de conspirar para distribuir drogas y de utilizar armas e instrumentos destructivos para operar su red criminal. Además de la cadena perpetua, deberá cumplir 30 años adicionales de prisión por los cargos relacionados con posesión de armas.

Durante la audiencia de sentencia, la defensa argumentó que Oseguera González se involucró en el crimen organizado desde los 14 años, bajo la influencia de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Sin embargo, la fiscalía desestimó este argumento y aseguró que "El Menchito" dirigió operaciones violentas dentro del cártel, incluyendo ataques contra autoridades y rivales.

El juicio, que se llevó a cabo en septiembre de 2024, contó con testimonios de exnarcotraficantes, agentes estadounidenses y autoridades mexicanas. Durante el proceso, se confirmó que Oseguera González ocupaba el segundo puesto más alto en la estructura del CJNG, solo por debajo de su padre.

Rubén Oseguera nació el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, pero posee nacionalidad mexicana. Antes de su captura, era señalado como uno de los principales responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La condena de "El Menchito" representa un golpe significativo contra el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas en México. Sin embargo, expertos advierten que la estructura del cártel sigue operando bajo el liderazgo de "El Mencho" y otros integrantes de su círculo cercano.

Con esta sentencia, las autoridades estadounidenses buscan enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del narcotráfico, aunque el combate contra los cárteles sigue siendo un reto tanto para México como para Estados Unidos.

Tras una audiencia de 22 horas en la que se presentó toda la información obtenida del caso por presunta corrupción de ex colaboradores del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, quienes fueron detenidos el sábado, Patricia Sánchez Nava, juez penal federal, determinó que había datos de prueba suficientes para acreditar la posible existencia de los delitos de peculado y asociación delictiva de los 4 ex silvanistas.

Por ello, este viernes fueron vinculados a proceso tras una audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, esto como medida precautoria, pues la juez dictó  3 meses para que los abogados de los imputados, así como la defensa, puedan recabar documentos que acrediten la situación definitiva legal que tendrán los acusados. Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP se mantendrán así en el reclusorio.

Tras reanudarse la audiencia para desahogar la situación legal de los ex colaboradores de Silvano Aureoles que se encuentran aprehendido por desvío de recursos y vínculos con el crimen organizado, la jueza de control determinará si serán liberados o se les imputará una sentencia condenatoria por los hechos ya mencionados. Al momento, el ex gobernador del Estado, Silvano Aureoles se encuentra prófugo y huyendo de Estado en Estado, de acuerdo a lo mencionado en días pasado por el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla.

Los cuatro ex silvanistas implicados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, se les acusa igual que Aureoles, del desfalco de aproximadamente 5 mil millones de pesos durante la construcción de cuarteles regionales de la entonces policía de Michoacán. 

La orden de aprehensión fue girada también contra Guillermo Loaiza, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo quien se especula que viajó a Argentina y aún no es localizado para enfrentar a la justicia como los 4 ya en prisión preventiva. Los cargos señalados para los anteriores acusados son explícitamente: peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los cuatro exfuncionarios detenidos se encuentran bajo la medida de prisión preventiva, por el riesgo de fuga.

Los costos en los cuarteles ascendieron a: Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos, Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos, Huetamo: 128 millones 277 mil pesos, Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos, Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos, Uruapan: 268 millones 624 mil pesos y Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos. Fue el pasado lunes que el gobernador señaló que estos no deberían de haber costado más de 190 millones de pesos cada uno.