Lograr el desarrollo sustentable precisa de la convergencia de la protección de la naturaleza y el crecimiento económico, proceso que se fundamenta en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, señaló Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet).
Este es un instrumento de política pública con el que se maximiza el consenso y se reduce el conflicto ambiental en la sociedad, para lograr el desarrollo económico en condiciones de respeto y salvaguarda de los ecosistemas y los servicios ambientales.
Para ello contiene la ubicación geográfica de las actividades productivas y humanas; el uso del suelo, y las zonas de conservación y restauración, lo que le convierte en un mecanismo privilegiado para dar certidumbre y reglas claras sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, detonar las economías y preservar el entorno.
Impacta a la población al
conocer y delimitar las vocaciones del territorio, lo que es fundamental para impulsar la atracción de inversiones públicas y privadas, ya que los capitales productivos podrán asentarse en la entidad, una región o un municipio sin desencadenar conflictos sociales derivados de afectaciones al ambiente y los servicios ecosistémicos.
Esta certeza es el primer paso para fomentar la atracción y la consolidación de fuentes de empleos y generadores de riqueza para las poblaciones, con mínimos impacto en el medio ambiente y compromiso para el acceso a los habitantes del territorio a satisfactores como agua potable, aire limpio y regulación de las temperaturas ambientales.
Una menor conflictividad social por cuestiones ecológicas incentiva la confianza en el territorio para el arribo y el establecimiento de empresas y proyectos que detonarán el desarrollo en un entorno de sustentabilidad y sostenibilidad.
El doble blindaje de Jóvenes Construyendo el Futuro
Investigación y entrevistas: Emiliano Fernández
Edición: Andrés Villarreal
Jóvenes Construyendo el Futuro entra a su séptimo año de implementación. Con Claudia Sheinbaum la meta sexenal es de 1.7 millones de beneficiarios, que son un millón 200 mil jóvenes menos que recibieron el pago en el periodo de López Obrador. Los datos oficiales sobre los alcances del programa revelan una paradoja: a pesar de que el monto individual de las becas ha ido en aumento año con año, de $3,600 en 2019 a 8,480 mensuales en 2025, un incremento del 135% en términos nominales y un 77% en términos reales, la inscripción de nuevos jóvenes va en sentido contrario.
Cada vez es menor el interés de participar en este programa que ha gastado más de 130 mil millones de pesos en apoyos directos para cerca de 3 millones de aprendices. A pesar del alto volumen de inscripciones durante su primer año, más de una tercera parte de los beneficiarios totales, un millón cien mil- se inscribieron el año del arranque, después se estacionó en la mitad por año, alrededor de 500 mil. Y en promedio para este sexenio solo estarían planteándose menos de 300 mil jóvenes por año.
Mientras las inscripciones muestran una tendencia casi en caída libre, el presupuesto tiene una disminución de un 7% anual en promedio desde su creación y hasta el 2024. El maestro en Economía y Coordinador General de Monitoreo del Coneval insiste en que es necesario cuestionarse por qué cada vez se inscriben menos jóvenes.
"¿Por qué está disminuyendo, si es porque ha sido exitoso el programa y hay una reducción de las y los jóvenes que están teniendo esta problemática, o por qué está siendo ya menos atractivo el programa para los jóvenes."
¿Quiénes son? ¿Dónde están?
El programa ha superado las evaluaciones del CONEVAL y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero académicos, organizaciones civiles y periodistas se han topado con un impenetrable blindaje que impide conocer lo fundamental: ¿Quiénes son los aprendices? Y ¿Dónde están sus tutores? La UIMN analizó los más de 9 millones de registros que componen la base de datos abiertos de 2019 a julio de 2024. La base carece de un identificador adicional al nombre, y la Secretaría del Trabajo negó la información vía ley de transparencia con lo que se vuelve imposible tener la certeza de que esos 9 millones de nombres corresponden a 2.9 millones de jóvenes, como afirma la institución.
Dentro de los datos analizados, se identificaron cerca de tres mil jóvenes que recibieron la beca más de 24 meses después de haberse registrado, y más de 100 mil que la recibieron 12 meses después. Donde de nuevo es imposible determinar cuántos jóvenes fueron beneficiarios en más ocasiones de las permitidas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también negó la información para relacionar a los aprendices con sus tutores, es decir, cuál es el centro de trabajo donde asiste cada uno de los beneficiarios. Aun cuando el Instituto de Transparencia resolvió a favor de este reportero un recurso de acceso, solo se permitió el ingreso a las instalaciones a una computadora donde únicamente era posible observar los nombres de personas físicas testadas y de personas morales.
La historia
Hasta los últimos minutos de su mandato, Andrés Manuel López Obrador regresó a una polémica que se remontaba casi 15 años atrás: el día en que José Narro, rector de la UNAM, llamó Ninis a los jóvenes que ni estudian ni trabajan en agosto de 2010.
"Se reía un exrector de la UNAM diciendo eso. NINI?s, ni estudia ni trabaja. ¿Qué hacían en favor de los jóvenes? Nada"
Expuso el entonces Presidente una sumatoria donde la inversión pública de su gobierno para los jóvenes fue 20 veces superior a la de los últimos cinco sexenios, y que dio como resultado una reducción del abandono escolar. Esos eran sus números de despedida. Cuatro días antes López Obrador había obtenido el blindaje constitucional para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ningún voto en contra, pero diputados de oposición sí se atrevieron a la crítica en tribuna.
"Han fallado en la correcta implementación y supervisión de este programa"
Según la reforma al artículo 123 Constitucional y las reglas de operación, el programa ofrece un apoyo económico mensual de un salario mínimo vigente a quienes se encuentren en desocupación laboral y no cursen algún nivel educativo, a cambio los jóvenes entre 18 y 29 años requieren tomar una capacitación para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses. Así opera desde 2019.
La despedida del CONEVAL y las observaciones de la Auditoría Superior
Desde que comenzó el programa, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señaló la ausencia de indicadores claros para medir la efectividad del programa, advirtiendo que esta falta de herramientas dificultaría evaluar su verdadero impacto.
"Hemos insistido en los indicadores de la problemática que se pretende resolver. Apenas en 2025 el programa incorporó un indicador sobre actividad productiva, quiénes de los jóvenes están teniendo una mayor actividad productiva."
Las observaciones subrayaban la necesidad de establecer métricas precisas que permitan monitorear los resultados y corregir los problemas de implementación a tiempo. Si bien, con el paso de los años la Secretaría del Trabajo ha ido resolviendo las recomendaciones emitidas por el Coneval, los daños probables ya están hechos. El Coneval además no hará más recomendaciones porque una reforma constitucional lo ha desaparecido como órgano autónomo.
La Auditoría Superior de la Federación, con mayor acceso y sin restricciones para obtener la información, acumula observaciones al programa. Realizó auditorías de desempeño y de cumplimiento al programa desde su inicio. Encontró entre otras observaciones que existieron más de 100 millones de pesos que se presumen como probable daño al erario público: Cincuenta y cinco millones pagados a personas fallecidas y beneficiarios que recibieron recursos mientras trabajaban o estudiaban.
Además de pagos improcedentes y una violación clara a las reglas de operación, con lo que concluye que hubo una falla estructural en la ejecución del programa en ese año. También se identificaron 63 beneficiarios que recibieron recursos del programa al mismo tiempo que se les pagaba como Servidores de la Nación. Información que se encuentra catalogada como reservada hasta 2028.
La UIMN cruzó la información con el padrón de Servidores de la Nación precisamente y con los militantes de partidos políticos, encontrando igualmente coincidencias de nombres, aunque es imposible de nueva cuenta determinar si se trata de homónimos o de las mismas personas.
En esa condición aparecen más de 200 mil nombres. Y es ahí el segundo blindaje que tiene el programa, auditarlo y conocerlo a profundidad se vuelve imposible.
Aprendices y tutores
Atena Rodríguez es una joven que fue aprendiz del programa en una fundación, y asegura que le proporcionó las habilidades necesarias para su futuro. Actualmente estudia mercadotecnia y dice que los conocimientos adquiridos durante su paso por el programa le han ayudado en su formación laboral.
"En una pagina de ellos teníamos que hacer ciertos cursos, de educación financiera. Pero, creo que lo que más fue que luego abrieron estas vacantes como de entrenamiento o algo así."
La situación de Adrián García es opuesta a la de Atena. Él inició en el programa a los 29 y el reconocimiento que se le entregó no le resulta útil. Sin embargo, al igual que Atena, valora lo aprendido durante los doce meses en los que participaron.
"Para mi en lo particular no es un reconocimiento que me sirva para ir a solicitar empleo a otra empresa. Pero entiendo que para quienes sea su primer empleo, pueda ser bastante más importante."
Para Esteban Álvarez Díaz, Coordinador Técnico de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, una red conformada por más de 70 organizaciones civiles y empresariales que impulsa una agenda para el trabajo juvenil, el programa tiene un desequilibrio en las zonas geográficas que atiende porque los municipios con alta marginación en el sur-sureste del país son precisamente donde carecen de centros de trabajo que ofrezcan capacitación a quienes tienen las mayores barreras de empleabilidad.
"Un JCF que priorice justamente a jóvenes con mayores problemas de empleabilidad. Actualmente el programa define su población objetivo que son jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo pero no hace mención del rezago educativo u otras condiciones que dificultan o impiden la inserción laboral."
En 2019 se canceló la política social de transferencias condicionadas que prevaleció por cuatro sexenios aunque cambió de nombre: Progresa-Oportunidades-Prospera, fue presupuestalmente eliminada ese año.
Durante 2024 un grupo de programas sociales se elevaron a rango constitucional, considerado un blindaje que garantiza recursos públicos para la atención universal a sectores sociales precisos, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, que además tiene un segundo blindaje que impide conocer la base de datos que relaciona a los beneficiarios con los centros de trabajo, base fundamental del programa
En los últimos 5 años, en Morelia se desbordó la violencia en los centros nocturnos, de acuerdo con el histórico, en la ciudad se registraron 8 ataques contra establecimientos, del 2021 al 2025, siendo el más reciente el 17 de enero en el que perdieron la vida 3 personas.
Alejandro González Cussi, comisionado de seguridad ciudadana: "Se ha hecho trabajo sobrehumano para tratar de blindar la ciudad, pero pues también se hace lo que se puede con lo que se tiene, es decir, hoy estamos fuera del FORTAPAZ, desde el 2024, 2025".
La venta de droga en los bares es lo que volvió a la ciudad propensa a estos ataques en los que por ajuste de cuentas, terminan con al menos un homicidio. En el año 2021 durante octubre se registró un ataque en el bar Cantinita 25, cobró la vida de seis personas.
Carlos Torres Piña, secretario de gobierno: "La disputa de la distribución de droga es lo que ha ocasionado estos disturbios y por eso la presencia del Estado y de la Federación en este operativo".
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán: "Las ciudades más grandes donde se concentran estos giros, también estos hechos, deben tener, esa alta responsabilidad de Policía Auxiliar".
Se le suma también el incendio de tres bares en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lugares que fueron dictaminados como pérdida total. En el 2022 sujetos armados dispararon en el "Bar Julión Terraza" al oriente de la capital del estado.
José Alberto Guerrero, experto en seguridad: "Pues sabemos que no hay una estrategia o no hay una coordinación entre el Estado y el municipio tomando en cuenta que vienen de fuerzas políticas totalmente distintas y sin duda esto ha llevado a que algunos abandonen el barco de los otros y viceversa". "La propia delincuencia está siendo incontrolable y esto es lo que sabemos, porque al final de cuentas la cifra negra te indica que hay mucho más, todo aquello que no se denuncia".
El más reciente hecho fue de manera simultánea en tres bares del Boulevard García de León y el Libramiento de Morelia, lo que desató entre Estado y municipio, una disputa de declaraciones.
Activistas ambientalistas de Aquila, denunciaron esta mañana la falta de seguridad en diversas comunidades del municipio, ataques a quienes defienden los bosques y desapariciones de ambientalista. Durante rueda de prensa, los activistas compartieron que a casi un año de la desaparición del ambientalista José Gabriel Pelayo, no hay rastro de él y la familia sigue pidiendo justicia, pues aseguran que fue desaparecido por grupos criminales tras defender los bosques de la zona.
Diversos ataques contra los habitantes se registraron durante el año pasado, ya que no hay presencia de fuerzas estatales, solo rondas comunitarias, Yulisa Pelayo, hija del ambientalista desaparecido precisó que, el 29 de mayo civiles armados atacaron casas de la comunidad de Coahuayuna, donde se resguardaban niñas y niños. Por lo que hacen las peticiones de, un retén militar y puestos de vigilancia, mesas de trabajo para atender la crisis de seguridad, que la FGE investigue y presente avances del caso de José Gabriel Pelayo y la creación de base de datos de activistas desaparecidos.
Yulisa Pelayo, hija de desaparecido: "Hay un tramo carretero de la Laguna a Coahuayuna donde están disparando a todo lo que se mueva, personas en general, civiles, niños, todo lo que pueda moverse en este lugar en este momento están siendo atacados, están lanzando explosivos a las comunidades, a las casas, la policía comunal se está dando a la tarea de poder desalojar".
En el municipio, el 38.35% de la población es indígena, siendo este el principal grupo vulnerable por la crisis de inseguridad, el 33.67% de los habitantes habla alguna lengua indígena, y el 0.00% habla la lengua indígena pero no español. Aquila tiene cuatro comunidades indígenas: Aquila de San Felipe, Santa María Ostula, Pómero y Coire. Catalogadas como de alta marginación, mismas que componen el gran sector que está siendo vulnerado por delincuentes.