¿Cómo resuelven otros países el dilema de la prisión preventiva?
La prisión preventiva es una medida cautelar que consiste en privar de la libertad a una persona mientras se resuelve su situación jurídica.
En México, este tema ha sido objeto de intenso debate debido a su aplicación frecuente y, en ocasiones, prolongada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 casi el 40% de las personas en prisión no habían recibido una sentencia definitiva, lo que genera preocupaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos.
En México, la Constitución establece que la prisión preventiva puede aplicarse de manera automática (oficiosa) en ciertos delitos graves, como homicidio, secuestro o corrupción. Esto significa que, en estos casos, los jueces están obligados a dictarla sin evaluar las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que este enfoque "puede ser discriminatorio y conduce al abuso de la detención sin pruebas concluyentes".
El principal problema en México radica en la duración de los procesos judiciales, que muchas veces se extienden por años. Para quienes son absueltos tras pasar largo tiempo encarcelados, el daño ya está hecho.
¿Cómo funciona en otros países?
En contraste, países como Canadá, España y Alemania han desarrollado sistemas más equilibrados. En Canadá, la prisión preventiva debe justificarse en cada caso y solo se aplica si el acusado representa un riesgo claro para la sociedad o para la administración de justicia. Incluso así, la ley exige que los casos se resuelvan rápidamente para evitar detenciones prolongadas.
España, por su parte, establece un límite máximo de dos años para la prisión preventiva, prorrogable sólo en circunstancias excepcionales. Además, las autoridades judiciales deben justificar regularmente la necesidad de mantener a una persona privada de libertad. Esto busca garantizar que los derechos fundamentales de los acusados sean respetados.
En Alemania, la prisión preventiva es excepcional y limitada. Las leyes prohíben su aplicación en casos menores y, al igual que en España, se establece un límite de tiempo para evitar abusos.
Alternativas a la prisión preventiva
Otros países han optado por alternativas como la libertad bajo fianza, el uso de dispositivos electrónicos o el arresto domiciliario. Estas medidas permiten garantizar que el acusado cumpla con el proceso judicial sin recurrir a la privación de libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos, los jueces pueden imponer condiciones como monitoreo constante o restricciones de viaje, asegurándose de que el acusado no represente un riesgo para la sociedad.
En América Latina, Chile destaca como un ejemplo de reforma judicial. Desde la implementación de su nuevo sistema penal en 2000, la prisión preventiva es considerada la última opción, priorizando medidas como la firma periódica o la prohibición de acercarse a ciertas personas o lugares.
La discusión sobre la prisión preventiva enfrenta un dilema constante: proteger los derechos de los acusados mientras se garantiza la seguridad pública. Los defensores de esta medida argumentan que es necesaria para evitar que los acusados evadan la justicia o pongan en peligro a la sociedad. Sin embargo, críticos como Human Rights Watch señalan que su abuso "socava el principio de presunción de inocencia".
El Congreso de la Unión discutió una reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se han añadido nuevos delitos a la legislación, incluyendo extorsión, contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos (como la compra y venta de facturas falsas) y delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas, abarcando su importación, transporte, distribución, producción, exportación y almacenamiento. Por otro lado, se han eliminado los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal.
El debate sobre la prisión preventiva no es exclusivo de México, pero su aplicación desproporcionada aquí revela la necesidad de una reforma integral. Mirar hacia otros países puede ofrecer lecciones valiosas sobre cómo equilibrar los derechos de los acusados con las demandas de justicia. Reformar esta medida no solo implica ajustar las leyes, sino también fortalecer las instituciones para garantizar procesos judiciales más rápidos y justos.
Así, el reto para México es lograr un sistema que proteja tanto a las víctimas como a los acusados, respetando siempre los principios fundamentales de justicia.
