La Fiscalía General de Nueva York anunció que no retirará el caso civil por fraude en contra del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
El caso, presentado previamente este año, acusa a Trump de inflar el valor de su patrimonio y ya le ha costado una multa de 450 millones de dólares impuesta por un tribunal.
De acuerdo con la Fiscalía, el estatus presidencial de Trump no le otorga inmunidad en litigios civiles que no estén relacionados con sus funciones oficiales. En un comunicado, aclararon que los procedimientos legales pueden continuar mientras Trump ejerza la presidencia, lo que significa que la demanda seguirá su curso incluso después de su juramento como presidente el próximo 20 de enero.
El caso también involucra a otros 14 acusados, entre ellos las empresas de Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y un antiguo ejecutivo de su compañía. La Fiscalía señaló que la investidura de Trump como presidente no afecta la sentencia ni las acciones legales contra los otros acusados.
Los abogados de Trump solicitaron el pasado 30 de noviembre que el caso sea desestimado, argumentando que hacerlo sería "por el bien del país". En una carta enviada a la fiscal general Letitia James, la defensa pidió anular la sentencia y todas las demandas contra Trump, su familia y sus empresas.
Sin embargo, la Fiscalía confirmó que aguardan el resultado de la apelación presentada por Trump y sus hijos, aunque enfatizaron que el proceso civil no comprometerá la capacidad del presidente electo para desempeñar sus funciones como mandatario.
Este caso se suma a los numerosos desafíos legales que Trump enfrenta incluso antes de asumir nuevamente la presidencia. Su regreso a la Casa Blanca podría estar marcado por la lucha para resolver estos litigios, lo que plantea preguntas sobre el impacto que estos procesos podrían tener en su gestión gubernamental.
La Fiscalía dejó en claro que su compromiso es garantizar que se haga justicia, independientemente del cargo que ocupe el acusado, y reiteró que el estatus de presidente no protege a Trump ni a sus empresas de las consecuencias legales de las acusaciones presentadas en su contra.