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Un hallazgo sacudió a los habitantes de Tultitlán, en el Estado de México, cuando un recolector de basura encontró el cuerpo sin vida de un bebé dentro de una bolsa durante su rutina diaria

El suceso ocurrió alrededor de las tres de la tarde en la calle Rebeca Cantú, mientras Maurilio, un trabajador del servicio de recolección, llevaba a cabo su labor. En ese instante, una mujer se aproximó y le entregó una bolsa sin levantar sospechas. No fue sino hasta unos 20 metros más adelante, al detenerse para clasificar los desechos, que Maurilio descubrió el contenido que lo dejó en estado de conmoción: el cadáver de un recién nacido.

La escena desató una inmediata movilización de policías y paramédicos, quienes acudieron al lugar tras el reporte de vecinos alertados por el recolector. Al examinar al bebé, los especialistas confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Testigos relataron que el pequeño tenía los brazos morados y aún conservaba el cordón umbilical, detalles que peritos forenses analizaron en el sitio.

La mujer que había entregado la bolsa fue retenida e interrogada por las autoridades, confesando poco después que ella era la madre del menor. Al inspeccionar su vivienda, los agentes hallaron evidencias de un parto reciente, como toallas manchadas de sangre, lo que reforzó las sospechas

El responsable del hallazgo, expresó que se sintió mal al verlo, por lo que pidió ayuda a los vecinos para denunciar, señaló de triste la situación y externó su preocupación de que debido a esta situación se le pudieran quitar su "carrito", que es la herramienta de trabajo.

Una vecina, que presenció parte del procedimiento forense, añadió que no se pudo determinar el sexo del bebé. Este nuevo caso de abandono infantil en Tultitlán reaviva el debate sobre las circunstancias que llevan a estos actos y la respuesta de las autoridades ante tales tragedias.

La mujer fue llevada a la Fiscalía de las Mujeres en Cuautitlán Izcalli, mientras la zona quedó resguardada por policías municipales, la Guardia Nacional y la policía de Género del Estado de México

Tras reanudarse la audiencia para desahogar la situación legal de los ex colaboradores de Silvano Aureoles que se encuentran aprehendido por desvío de recursos y vínculos con el crimen organizado, la jueza de control determinará si serán liberados o se les imputará una sentencia condenatoria por los hechos ya mencionados. Al momento, el ex gobernador del Estado, Silvano Aureoles se encuentra prófugo y huyendo de Estado en Estado, de acuerdo a lo mencionado en días pasado por el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla.

Los cuatro ex silvanistas implicados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, se les acusa igual que Aureoles, del desfalco de aproximadamente 5 mil millones de pesos durante la construcción de cuarteles regionales de la entonces policía de Michoacán. 

La orden de aprehensión fue girada también contra Guillermo Loaiza, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo quien se especula que viajó a Argentina y aún no es localizado para enfrentar a la justicia como los 4 ya en prisión preventiva. Los cargos señalados para los anteriores acusados son explícitamente: peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los cuatro exfuncionarios detenidos se encuentran bajo la medida de prisión preventiva, por el riesgo de fuga.

Los costos en los cuarteles ascendieron a: Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos, Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos, Huetamo: 128 millones 277 mil pesos, Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos, Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos, Uruapan: 268 millones 624 mil pesos y Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos. Fue el pasado lunes que el gobernador señaló que estos no deberían de haber costado más de 190 millones de pesos cada uno. 

Tras el anuncio de que el día de ayer quedó liberado "El chuy" quien había sido detenido por vínculos con un grupo criminal en Zacapu, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el juez federal que dejó en libertad al sujeto es un corrupto al igual que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial actual y puntualizó que por esta razón, es que se aprobó la elección popular de jueces y magistrados en el Estado, para que sí trabajen a favor del pueblo.

Fue el pasado 25 de febrero que había sido capturado el señalado como jefe de plaza en la Meseta Purépecha tras fuertes operativos que se están realizando en coordinación con fuerzas federales y estatales, sin embargo, tras una semana de estar en prisión preventiva, fue liberado por resolución del juez al afirmar que no había pruebas suficientes para vincularle por los delitos que se especulaban y se le señalaba.

Ramírez Bedolla enfatizó que tiene razón en el querer formar un nuevo Poder Judicial libre de corrupción y con responsabilidad, ya que era evidente la vinculación del Chuy en el crimen organizado, pues el día de su detención hubo múltiples enfrentamientos y disturbios en la zona, lo que hacía obvio que se trataba de una persona con actividades fuera de la ley.

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernadorde Michoacán: "Pero ya eso va a cambiar, por eso es importante el primero de junio, ir a votar por juezas y jueces del pueblo, que tengan responsabilidad, no por esto que tenemos actualmente, es terrible, es terrible, no sigamos tapando a los jueces son corruptos".

Detalló que en las elecciones para el Poder Judicial de este año se espera cambiar el panorama y quienes estén en el Poder resulvan sin beneficios propios o mediante acuerdos que abonen a la corrupción en el Estado.