Debido al aumento en los casos de extorsión y la impunidad con que se cometen por la falta de sanciones más enérgicas, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Mayela del Carmen Salas Sáenz, presentó una iniciativa para reformar los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado de Michoacán, que pretende castigar este delito aún cuando no se concrete el daño patrimonial a la persona agraviada, y tiene un alto grado de impunidad.
La legisladora petista propuso sancionar a quien ataque a personas con discapacidad y hasta el doble de castigo contra los criminales que operen desde centros de reinserción social. Por tal motivo solicitó a sus compañeros en el Congreso a aplicar acciones concretas que inhiban este ilícito.
Actualmente, en el Código Penal del Estado de Michoacán, "a quién obligue a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa".