En un momento de creciente relevancia para el litio en la economía global, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo clave reafirmando la exclusividad del Estado en la explotación de este mineral estratégico y los minerales radioactivos
Esta decisión se dio a conocer el miércoles, luego de que la sala desestimó, por unanimidad, un amparo promovido por la empresa minera "Grupo Bararal" en Chihuahua. El recurso legal cuestionaba el decreto de reforma a la Ley Minera promulgado el 20 de abril de 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual otorga al Estado la rectoría sobre el litio.
Los reclamantes, entre ellos Guillermo Villalobos Olivas, argumentaron que dicha reforma afectaba su título de concesión, al imponer restricciones que consideran violatorias de diversos artículos constitucionales. Sin embargo, el proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, destacó que incluso en el caso hipotético de que la Ley Minera fuera declarada inconstitucional, los reclamantes no obtendrían ningún beneficio. Esto se debe a una modificación al artículo 27 de la Constitución, publicada el 31 de octubre, que prohíbe de manera explícita la concesión de litio y minerales radioactivos.
La importancia de esta decisión radica en el contexto global actual, donde el litio se ha convertido en un recurso fundamental para la transición hacia energías limpias
Su demanda ha crecido exponencialmente debido a su uso en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, posicionándo como un mineral estratégico. En respuesta, el gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para regular su explotación, considerando este recurso como un eje central de la soberanía energética.
Paralelamente, el manejo legislativo relacionado con el litio ha generado un intenso debate político. Durante recientes sesiones en la Cámara de Diputados, se han identificado errores en la administración de reservas legislativas. Legisladores de Morena y sus aliados han sido criticados por introducir modificaciones de último minuto a disposiciones clave, lo que afectó la claridad y transparencia del proceso legislativo.
Un ejemplo de estas "pifias" legislativas fue la reserva presentada por la diputada Maribel Martínez Ruiz, que sufrió alteraciones antes de llegar al pleno. Estas modificaciones suscitaron preocupaciones sobre la protección constitucional frente a posibles amparos contra las reformas aprobadas.
Miembros de la oposición, particularmente del PAN y PRI, denunciaron estas irregularidades y exigieron mayor rigor en el manejo de las reformas
A pesar de la controversia, las reservas fueron aprobadas, aunque dejaron un trasfondo de confusión y descontento entre los legisladores. En este contexto, el fallo de la SCJN no solo consolida el control estatal sobre el litio y los minerales radioactivos, sino que también señala la necesidad de procesos legislativos claros y transparentes, dada la importancia estratégica de estos recursos para el desarrollo del país.