Tribunal internacional falla contra México en disputa por fosfatos
El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha expresado su desaprobación ante el fallo emitido por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. (CIADI). Este laudo, que no fue unánime, obliga al país a indemnizar a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration con 37,1 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente el 1,18% del monto original reclamado por la empresa en el arbitraje.
El 17 de septiembre de 2024, después de más de dos años desde el inicio del procedimiento, se emitió el laudo a favor de Odyssey. La controversia se originó entre 2016 y 2018, cuando la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto conocido como "Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego". Ante esta negativa, Odyssey inició un arbitraje internacional bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Las arenas fosfáticas son depósitos minerales que contienen una alta concentración de fosfatos, que son compuestos de fósforo esenciales para la agricultura y la industria. Estas arenas se componen principalmente de fosfato de calcio y se encuentran en áreas geológicas donde hubo actividad biológica en el pasado, como antiguos lechos marinos o lagos.
El proyecto en cuestión se ubicaba en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, y tenía como objetivo extraer 7 millones de toneladas anuales de arenas fosfáticas durante un período de 50 años. Los socios del proyecto incluían figuras destacadas como Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira. La extensión del área donde se pretendía realizar el dragado abarcaba 61 mil 989,2 hectáreas, situándose a 12 millas marinas (22 mil 224 metros) de la costa.
Durante el proceso arbitral, México argumentó que el proyecto amenazaba un ecosistema sensible que alberga especies en peligro como la tortuga caguama, las ballenas grises y azules, y los lobos marinos. Además, se presentó evidencia que cuestionaba la experiencia de Odyssey en actividades mineras, ya que su especialidad radica en la búsqueda de tesoros marinos. Las técnicas propuestas para el dragado no habían sido implementadas previamente en ninguna parte del mundo.
El gobierno ha reiterado su compromiso con la protección del medio ambiente y los recursos naturales del país. En este contexto, se enfatiza que no se permitirá que proyectos que beneficien a grupos minoritarios prevalezcan sobre los intereses generales y la soberanía nacional.
Las secretarías federales han señalado que el tribunal otorgó un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, quienes testificaron que la negativa a la MIA fue motivada por razones políticas y no científicas. Sin embargo, México demostró que estos testigos tenían conflictos de intereses, ya que recibieron compensaciones significativas por sus testimonios. Esta evidencia no fue considerada adecuadamente por la mayoría del tribunal.
Dentro del panel arbitral hubo una postura disidente que criticó la decisión mayoritaria, afirmando que "las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente". Este árbitro también calificó el laudo como "inédito e inquietante", sugiriendo que su naturaleza era novedosa pero en un sentido negativo.
En respuesta a esta situación, la Secretaría de Economía ha anunciado su intención de iniciar un juicio para anular el fallo ante las cortes competentes. El Gobierno mexicano está decidido a utilizar todos los recursos legales disponibles para defender su posición.
La resolución del CIADI será publicada próximamente en su página oficial, lo cual permitirá un análisis más detallado del contenido del fallo y sus implicaciones legales.
