La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de fortalecer el control y la regulación de las armas, especialmente aquellas en manos de particulares, y combatir el tráfico ilegal que alimenta a la delincuencia organizada en México
La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada previamente en comisiones, contó con un respaldo casi unánime: 476 votos a favor y solo dos abstenciones.
El morenista Luis Arturo Oliver Cen, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, explicó que la reforma busca equilibrar las facultades del Estado con los derechos fundamentales de los ciudadanos, limitando prohibiciones excesivas pero reforzando la vigilancia y el control en un escenario de alta inseguridad.
Entre las nuevas disposiciones, se establece la obligación para quienes posean armas de designar a una persona responsable ante el Registro Federal de Armas, para que en caso de fallecimiento o ausencia especial, esa persona pueda tramitar el destino final del arma
Además, la reforma contempla campañas legislativas permanentes para informar sobre los riesgos asociados a la manipulación de explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias químicas.
También prohíbe la fabricación y posesión de armas, piezas y componentes hechos con impresoras tridimensionales, así como mecanismos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas.
La ley protege a deportistas de caza y tiro, y busca evitar la sobrerregulación, atendiendo las inquietudes de usuarios responsables, pero también establece sanciones claras para quienes infrinjan la normativa, en especial para integrantes de la delincuencia organizada
Entre las modificaciones más relevantes está la autorización para que funcionarios de empresas públicas y paraestatales, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como integrantes de órganos autónomos, puedan portar armas.
También se actualizan las licencias para la portación de armas automáticas calibre 7.62 mm o superiores para personal operativo de seguridad pública federal y estatal, siempre que se justifique su necesidad.
Diputados de todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de actualizar una ley que no había sido modificada desde 1972 y que debe responder al actual escenario de violencia.
Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, destacó que la reforma fortalece el régimen jurídico de licencias y protege el derecho de ejidatarios y comuneros a portar armas para defensa legítima en zonas rurales
Algunos legisladores advirtieron que la reforma no es suficiente para erradicar el tráfico ilegal de armas, que provienen en un 74% de Estados Unidos, y pidieron una estrategia binacional efectiva.
César Damián Retes, del PAN, urgió a que el gobierno implemente medidas concretas para que la reforma no quede en letra muerta y enfatizó la necesidad de una cooperación real con Estados Unidos para detener el flujo de armas ilegales.
La reforma, que abarca 59 artículos, también prohíbe la posesión y portación de armas, municiones, accesorios y vehículos blindados por personas ajenas a las Fuerzas Armadas, así como la modificación de vehículos particulares para uso de armamento.
Asimismo, establece que los militares de alto rango podrán portar armas y municiones sin licencia, aunque se les prohíbe hacerlo para servicios en empresas privadas sin autorización
