La Crisis de Medicamentos Oncológicos en México: Entrevista con el Dr. Everardo Lozoya.
En esta entrevista con el gastro oncólogo Dr. Everardo Lozoya, se abordó la preocupante falta de medicamentos oncológicos en México y el impacto crítico que esta situación tiene en los pacientes con cáncer. Según el Dr. Lozoya, la interrupción de tratamientos, especialmente de quimioterapia, puede causar una recurrencia del cáncer, progresión de la enfermedad e incluso reducir la esperanza de vida del paciente. "Suspender los tratamientos le quita vida a los pacientes", afirmó el doctor, subrayando la gravedad de las interrupciones temporales.
El Dr. Lozoya explicó que, a nivel institucional, las autoridades de salud como el ISSSTE y el IMSS deberían contar con un suministro adecuado de medicamentos, pero la realidad es diferente. En muchos casos, los pacientes se ven obligados a pagar altos costos de su bolsillo, recurrir a amparos legales para obtener el medicamento o, en el peor de los casos, interrumpir su tratamiento debido a la falta de disponibilidad.
Además, el Dr. Lozoya resaltó la necesidad de que las instituciones gubernamentales presten más atención a esta problemática. En su opinión, aunque las campañas gubernamentales puedan sugerir que las necesidades de salud se están cubriendo adecuadamente, el sistema está saturado y superado. "Estamos llegando a instancias que no teníamos hace dos años, y es muy triste ver que la única opción para algunos pacientes es la vía jurídica", añadió.
La entrevista también abordó la importancia de la prevención del cáncer, reconociendo que, aunque no todas las formas de cáncer son prevenibles, existen hábitos que pueden reducir el riesgo. Entre ellos, el doctor destacó la importancia de una dieta balanceada rica en frutas y verduras, limitar el consumo de carnes rojas y productos azucarados, aumentar la actividad física y optar por agua en lugar de refrescos.
El Dr. Everardo Lozoya hizo un llamado a las autoridades para mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales y a la población para adoptar hábitos saludables que contribuyan a prevenir el cáncer.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
¡Mire nada más esa sonrisota! Esa es la cara de alguien que está estrenando chamba
Durante las últimas horas de ayer martes se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Migración la ceremonia de transición de comisionado, acción que confirma al ex gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes como el nuevo titular de esta dependencia, aunque la toma de posesión oficial se llevará a cabo el 1ero de mayo.
Luego de seis meses de incertidumbre en los cuales hasta llegó estar en duda el puesto para Céspedes Peregrina al fin pondrá manos a la obra en un tema tan delicado como lo es la migración en un periodo complicado con el gobierno estadounidense, sin dudar un reto bastante grande.
Sergio Salomón reconoció el trabajo de su antecesor Francisco Garduño, mismo que se prevé, realice su último acto oficial ofreciendo una disculpa pública a familiares de los 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria en Juárez debido a un incendio.
¡Se sintió muy gallito y se quedó sin chamba! Suspenden a funcionario de Coronango por protagonizar pelea.
Benjamín Galicia, director de normatividad del municipio de Coronango fue captado durante el fin de semana protagonizando una pelea contra danzantes de la junta auxiliar de San Antonio Michoacán de aquel municipio.
En el clip compartido en redes se puede observar al funcionario gandalla en compañía de 2 personas más pateando a un hombre tirado en el suelo, luego se abalanza a golpes contra un segundo, todo frente a familias enteras que intentaban disfrutar de las festividades locales.
Debido a estas acciones Benjamín Galicia fue suspendido de su cargo y ya es investigado por las autoridades.
