La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado al exsenador Antonio Guerra de la Espriella a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht
La sentencia se refiere a los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de servidor público, aunque fue absuelto del delito de concierto para delinquir agravado.
El caso llegó a la Sala de Casación Penal tras una apelación presentada por la defensa del condenado, quien inicialmente había sido sentenciado a 13 años, ocho meses y un día de prisión en marzo de 2022 por tráfico de influencias en el mismo escándalo.
La sentencia destaca que Odebrecht había mostrado un interés particular en obtener un contrato de estabilidad jurídica, que proporciona garantías tributarias a las empresas. Para lograrlo, la multinacional dispuso grandes sumas de dinero y recurrió a figuras políticas como el exsenador Otto Bula para influir en servidores públicos a cambio de pagos.
Guerra de la Espriella, aprovechando su cargo como congresista, recibió dinero a cambio de intervenir en este contrato, lo que se tradujo en un incremento injustificado de su patrimonio. Además, se menciona que el exsenador Bernardo Elías habría actuado como articulador para sobornar a legisladores, facilitando así las gestiones ilegales de Guerra
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de una red de corrupción que abarcó América Latina y África. Sin embargo, la Fiscalía colombiana estima que los sobornos en el país ascendieron a 84.000 millones de pesos, equivalentes a unos 19.1 millones de dólares.
La condena de Guerra de la Espriella es un hito en el combate contra la corrupción en Colombia, especialmente en casos que involucran a figuras políticas prominentes y grandes corporaciones. La sentencia también incluye una multa superior a los 1.175 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años y cinco meses
El caso Odebrecht fue un escándalo de corrupción transnacional que involucró a la constructora brasileña Odebrecht, una de las empresas más grandes de América Latina
Este caso se destapó a partir de la Operación Lava Jato en Brasil, una investigación iniciada en 2014 que reveló una red masiva de sobornos pagados por la compañía a políticos, funcionarios y empresarios en al menos 12 países, principalmente en América Latina, para obtener contratos de obra pública. Odebrecht admitió haber desembolsado cerca de 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016, lo que generó beneficios millonarios a través de proyectos de infraestructura. En 2016, la empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aceptando pagar una multa de 3,500 millones de dólares, la mayor de su tipo en un caso de corrupción.
En el caso de México, Odebrecht estuvo vinculada al pago de sobornos por un total de 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estos pagos se realizaron a funcionarios de alto nivel, principalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), para asegurar contratos de obras públicas, como la reconfiguración de refinerías en Minatitlán, Tula y Salamanca, y el proyecto del gasoducto Los Ramones.
Uno de los principales señalados en México fue Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex (2012-2016), quien presuntamente recibió estos pagos a cambio de favores. Lozoya, extraditado de España en 2020, enfrenta cargos por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa