CIDH alerta, Reforma judicial mexicana pone en riesgo la independencia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación por la reciente reforma judicial en México, que introduce la elección popular de jueces.
Durante una audiencia en Washington, la relatora del organismo para México, Andrea Pocak, advirtió que democratizar la justicia no debe comprometer la independencia del Poder Judicial, un principio fundamental del sistema interamericano.
La reforma, promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha generado controversia dentro y fuera del país. Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance hacia la participación ciudadana en la justicia, jueces y trabajadores judiciales han presentado quejas ante la CIDH, alegando intromisión del Ejecutivo y riesgos de manipulación política en las elecciones de jueces previstas para 2025.
Pocak destacó que las reformas judiciales deben respetar principios como la meritocracia y evitar la injerencia de otros poderes. También alertó sobre experiencias similares en otros países donde estas elecciones han debilitado la legitimidad del sistema judicial. "La Comisión está muy preocupada por esta situación", afirmó, comprometiéndose a monitorear la implementación de la reforma y mantener el diálogo con el Estado mexicano.
Por su parte, el comisionado Carlos Bernal fue más crítico, calificando la reforma como un "manual de abuso del constitucionalismo". Señaló que permitir al oficialismo promover candidatos para jueces podría desmantelar los contrapesos necesarios entre los poderes. "Un Gobierno que domina en las urnas la presidencia y otros cargos ¿no es sospechoso de querer también controlar al Poder Judicial?", cuestionó.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y criticó a la CIDH por atender la queja con rapidez inusual. "México es un país libre, soberano e independiente. Es el pueblo quien decide sus reformas constitucionales, conforme a nuestra Constitución", declaró en su conferencia matutina. También señaló que otros casos ante la CIDH tardan años en ser revisados, mientras que este se atendió en cuestión de semanas, lo que calificó de "llamativo".
La reforma judicial, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, busca implementar un cambio profundo en el sistema de justicia mexicano. Sin embargo, su viabilidad y posibles implicaciones en la independencia judicial han generado un intenso debate nacional e internacional.
A medida que el proceso avanza, la CIDH seguirá evaluando el impacto de esta reforma en el equilibrio de poderes y la protección de los derechos humanos en México, una nación históricamente comprometida con el sistema interamericano.