El reciente cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 42 ha generado gran controversia y preocupación en una región con más de un millón de habitantes. El abogado Michel Godínez explica las implicaciones de esta medida, destacando que la junta fue suprimida el 17 de junio de 2024, como parte de una reforma laboral iniciada en 2019.
La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no fue comunicada adecuadamente, lo que dejó a litigantes, trabajadores y abogados en una situación de incertidumbre. Al acudir el lunes a la junta, muchos se encontraron con que sus expedientes habían sido redistribuidos a otras juntas en Nuevo León y Saltillo, sin previo aviso.
El abogado Godínez subraya que este cierre no significa que los justiciables queden desprotegidos, ya que existen nuevos tribunales laborales federales para atender nuevas demandas. Sin embargo, los expedientes rezagados fueron trasladados, generando costos adicionales y complicaciones logísticas para los afectados.
El cierre responde a un alto índice de demandas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región. Las demandas contra el IMSS en estado de laudo o ejecución fueron enviadas a la junta número 19, y las que aún están en juicio, a la número 20 en Guadalupe, Nuevo León. Otros expedientes se trasladaron a la junta número 25 en Saltillo.
La falta de comunicación y transparencia por parte del gobierno federal ha sido una de las principales críticas, afectando tanto a los trabajadores de la junta como a los litigantes. Además, la ausencia de una plataforma en línea adecuada para verificar el estatus de los expedientes ha añadido más complicaciones.