Detenido exservidor público por actos corrupción en programas sociales
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detuvo el pasado 16 de noviembre a un exservidor público del municipio de Querétaro, por el delito de Negociaciones Ilícitas, delito previsto y sancionado por el Código Penal del Estado, como un delito de corrupción.
Dicha instancia recibió una denuncia por parte del Órgano Interno de Control del municipio de Querétaro, sobre la actuación de varios servidores públicos que tenían a su cargo la operación de un programa de apoyo económico a comerciantes, quienes habrían sufrido pérdidas económicas durante la pandemia del COVID-19.
De las revisiones que se realizaron a dicho programa se detectaron diversas irregularidades, tales como la asignación del apoyo económico a los beneficiarios a través de tarjetas bancarias, así como la comprobación del mismo. Asimismo, se advirtió la alteración del padrón de beneficiarios, en el cual se logró establecer que hubo personas que no solicitaron el apoyo, pero, el dinero, sí salió de las arcas municipales, entre otras acciones que propiciaron un detrimento millonario al ente municipal.
Un Fiscal Especializado, llevó a cabo la indagatoria, consistente en recabar diversos datos de prueba, tanto de naturaleza documental como financiera y contable; lo que permitió acudir ante un Juez de Control, quien autorizó la respectiva orden de aprehensión. Mandato de captura que llevaron cabo, integrantes del Grupo de Policía Anticorrupción, al ubicar al imputado en el Estado de Hidalgo y, vía colaboración con la Procuraduría de esa entidad, se logró la ejecución del mandato de captura, con pleno respeto a sus derechos humanos.
El pasado 17 de noviembre, dio inicio la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, la cual, a petición de la defensa, se reanudo este día, en donde el Juez de Control, con los datos aportados por Fiscales Anticorrupción, decretó la vinculación a proceso y determinó sujetar a prisión preventiva justificada al imputado, señalando un plazo de 4 meses para llevar a cabo la investigación complementaria, tiempo en el cual se seguirán recabando los datos de prueba para lograr una sentencia ejemplar.
