El impacto económico de la violencia en México durante 2024 alcanzó los 4.5 billones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el Índice de Paz México 2024 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP)
Aunque esta cifra es elevada, muestra una ligera reducción respecto al año anterior, cuando el costo fue de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8 % del PIB.
Este impacto económico se distribuye principalmente entre los homicidios, que constituyen el 38 % del costo total, con un valor aproximado de 1.7 billones de pesos (unos 85 mil millones de dólares), y los crímenes violentos como robos, asaltos y agresiones sexuales, que representan el 33 %, con un costo de 1.5 billones de pesos (75 mil millones de dólares).
El informe destaca que el gasto público en salud y educación es considerablemente menor en comparación con el costo de la violencia, siendo el impacto económico de esta última casi seis veces mayor que la inversión en salud y cinco veces superior a la destinada a educación en 2024.
A pesar de que México ha mostrado una leve mejora en sus niveles de paz durante 2024 -un aumento marginal del 0.7 % que marca el quinto año consecutivo de avance-, las tasas de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego continúan siendo motivo de preocupación. Carlos Juárez Cruz, director en México del IEP, señaló que esta mejora es muy pequeña y no representa un cambio sustancial en la situación general de violencia
En términos históricos, México es menos pacífico que hace una década. El deterioro acumulado en los indicadores criminales desde 2015 es del 13.4 %, con un aumento del 54.7 % en homicidios y un crecimiento del 71.2 % en delitos cometidos con armas de fuego.
La violencia vinculada al crimen organizado también ha crecido notablemente, con un incremento del 45.5 % en extorsiones y un alarmante aumento del 161 % en delitos relacionados con el narcotráfico minorista desde 2015.
La percepción social sobre la inseguridad sigue siendo alta. Según el informe, el 73.6 % de la población mexicana considera que vive en un entorno inseguro, aunque esta percepción ha mejorado desde su punto más crítico en 2018. Juárez Cruz mencionó que existe una desconexión entre el nivel de miedo y las experiencias reales de inseguridad, lo que podría indicar una normalización de la violencia en la sociedad.
En cuanto a la inversión en seguridad, México destina apenas el 0.7 % de su PIB a la seguridad pública y al sistema judicial, cifra que es menos de la mitad del promedio en América Latina y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta insuficiente asignación de recursos, sumada a los altos niveles de corrupción e impunidad, limita los esfuerzos para reducir la violencia de manera sostenible. La corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que alimentan la violencia, al favorecer la impunidad y restringir los recursos disponibles para combatir el crimen
El informe recomienda fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y ampliar las oportunidades económicas para los jóvenes como medidas fundamentales para construir una paz duradera en México.
En este sentido, Juárez Cruz evaluó la política de seguridad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) como poco clara, pero calificó de "prometedor" el enfoque presentado por la administración actual encabezada por Claudia Sheinbaum, quien lleva poco más de nueve meses en el cargo.
Destacó que se observan más decomisos de drogas, arrestos constantes y una estrategia de seguridad pública nacional más definida, aunque reconoció que aún es temprano para hacer una evaluación completa.
El secretario de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Francisco Villegas, informó que el contratista responsable del Centro de Innovación BLOQUE ha recibido sanciones económicas por aproximadamente 9 millones de pesos debido a retrasos en la ejecución de la obra. Estas penalizaciones corresponden exclusivamente a las etapas no concluidas en los plazos establecidos y ya fueron descontadas de estimaciones de pago previas.
Actualmente, se realiza el cierre administrativo del proyecto, lo cual permitirá definir si se aplicarán nuevas sanciones, que serían deducidas del pago restante de aproximadamente 60 millones de pesos. Villegas precisó que, hasta ahora, se trata únicamente de sanciones económicas; sin embargo, si se detectan fallas graves, corresponderá al órgano de control interno evaluar posibles acciones adicionales. El cierre total del proyecto se prevé para el mes de mayo
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Querétaro atento a la plaga del gusano barrenador que aqueja al ganado en el sur del país y la que ha provocado el cierre de la frontera hacía Estados Unidos
El Gobierno del Estado de Querétaro está atento a la situación que se presenta en la región sur del país relacionada con una plaga que ha generado restricciones temporales en las exportaciones ganaderas.
Además, reconocen los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal para atender este problema, y se reitera que, si bien en Querétaro se ha mantenido una vigilancia constante, la situación se encuentra bajo control y no ha representado un impacto relevante para la actividad ganadera del estado.
Además se mantiene la coordinación con las autoridades federales y los ganaderos, ademas de seguir atentos a cualquier medida preventiva que se deba implementar para proteger la sanidad e inocuidad del sector en el estado.
Por otra parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, se reunió con los presidentes de las asociaciones ganaderas locales de la sierra gorda y del semidesierto, cumpliendo con la encomienda del gobernador, Mauricio Kuri, de atender a todos los productores del estado para dar a conocer las acciones de apoyo, que se estarán implementando desde el Gobierno del Estado.
Anaya Aguilar comentó que, a través de las asociaciones se podrían encontrar a los ganaderos afectados por la sequía, en la sierra y el semidesierto, y que inicialmente se asistirán a los afectados con recursos en especie. Así mismo, señaló que actualmente la SEDEA se encuentra en la etapa de conclusión de los últimos detalles administrativos para implementar este programa emergente.