EUA instituye “política de retorno” para migrantes
Autoridades migratorias estadounidenses han instituido una "política de retorno" para disuadir a los migrantes de buscar asilo en este país, argumentaron grupos de derechos pro inmigrantes, en una queja interpuesta ante una Corte Federal para que emita una orden judicial que frene dicha estrategia.
Los documentos presentados ante una Corte Federal del Sur de California, en San Diego, intentan establecer que se ha convertido en una política formal de Estados Unidos el rechazar sistemáticamente a los migrantes que buscan asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.
La queja, interpuesta por el Concilio de la Inmigración Americana, el Centro Legal para la Pobreza del Sureste y el Centro por los Derechos Constitucionales y un bufete de abogados, con sede en Los Ángeles, pretende demostrar que los funcionarios fronterizos utilizan la intimidación y la información errónea para evitar las solicitudes de asilo y obligan a los migrantes a regresar a México.
"Estos métodos incluyen... un sistema de 'medición' o lista de espera que crea retrasos irrazonables y potencialmente mortales en el procesamiento de solicitantes de asilo", señala la queja.
La estrategia también contiene el "instruir a los solicitantes de asilo para que esperen en el puente, en el área de pre inspección o en un refugio hasta que haya espacio adecuado en el POE (puerto de entrada), o simplemente afirmando a los solicitantes de asilo que no pueden ser procesados porque el POE está 'lleno' o 'en capacidad".
La queja forma parte de una demanda colectiva presentada en 2017 contra el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en nombre del grupo de ayuda a los inmigrantes "Al Otro Lado Inc", que trabaja en el sur de California y más de una docena de migrantes .
Los grupos pro inmigrantes argumentaron que, en algunos puntos de la frontera, se han documentado muchos casos de funcionarios de inmigración que rechazan a los migrantes, o que ni siquiera les permiten acercarse a los cruces fronterizos.
También se han documentado decenas de casos de migrantes que esperaban semanas en el lado mexicano de la frontera para hablar con las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
En Arizona, docenas de migrantes están acampando en Nogales, Sonora, donde los tiempos de espera para ser procesados alcanzan hasta tres semanas, señalaron en los documentos los defensores civiles.
La queja sostiene que la práctica ha sido generalizada desde 2016, bajo la administración del presidente Barack Obama, pero que se intensificó desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.
En agosto pasado, un juez de San Diego dictaminó que el caso podría continuar como una demanda colectiva.
Pero mientras el juez reconoció los patrones y las prácticas de rechazar a los migrantes, el juez también señaló que los demandantes no habían demostrado la existencia de una "política de retorno" formal proveniente de los principales líderes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La presentación enmendada, presentada el pasado viernes, apunta a hacerlo.
"Hemos obtenido mucha más evidencia de que existe una política proveniente de los funcionarios de la CBP en los niveles más altos y hemos visto una escalada en la administración de Trump del patrón de regresarlo", dijo Melissa Crow, abogada del Proyecto de Justicia de Inmigración del Centro Legal para la Pobreza del Sureste, en declaraciones este jueves al periódico Arizona Republic.
