El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una controvertida disposición temporal que permitirá condenar a prisión a menores a partir de los 12 años si son encontrados culpables de asesinato por motivos "terroristas".
Esta ley marca un cambio significativo en el sistema judicial del país, permitiendo que los tribunales impongan penas de prisión a menores, incluso antes de que cumplan los 14 años, si están involucrados en ataques considerados como "terroristas".
Según la nueva normativa, los menores de entre 12 y 14 años podrán ser encarcelados en un centro hasta cumplir los 14, edad a la cual la ley permite transferirlos a una prisión para adultos. En Israel, la responsabilidad penal comienza a los 12 años, pero anteriormente las penas de prisión solo se aplicaban a partir de los 14 años. Esta disposición temporal tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de renovarla por períodos de dos años.
Esta ley fue impulsada principalmente por parlamentarios del partido ultranacionalista Poder Judío, cuyo líder, Itamar Ben Gvir, es el actual ministro de Seguridad Nacional de Israel. Ben Gvir ha sido conocido por sus posturas firmes contra los grupos armados palestinos y su enfoque duro en temas de seguridad.
La norma fue presentada en un contexto de crecientes tensiones entre Israel y los palestinos, donde el término "terrorista" se utiliza ampliamente para describir tanto ataques a civiles como a soldados israelíes cometidos por grupos palestinos.
Esta medida recuerda a una ley similar que estuvo en vigor entre 2016 y 2020, pero que no fue renovada al finalizar su periodo. En aquella ocasión, la ley también permitía la condena de menores por crímenes terroristas, pero se suspendió después de su expiración. La nueva disposición se considera un paso hacia una mayor endurecimiento de las políticas israelíes en cuanto a los menores involucrados en actos violentos, especialmente aquellos relacionados con el conflicto israelí-palestino.
El Parlamento israelí, desde su regreso de receso en octubre, ha aprobado una serie de medidas controvertidas, que incluyen la prohibición de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), la deportación de familiares de individuos acusados de terrorismo a Gaza, y el despido de profesores que expresen apoyo a la lucha armada palestina. Estas decisiones han generado un fuerte debate tanto dentro de Israel como en la comunidad internacional, que cuestiona la dirección de las políticas del gobierno actual.
En el contexto de este nuevo desarrollo legal, muchos activistas y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que podría tener en los niños palestinos y otros menores involucrados en el conflicto. La ley se aplica a los ataques considerados como "terroristas", un término que en Israel abarca una amplia gama de incidentes violentos, desde atentados suicidas hasta ataques armados contra soldados en territorios ocupados.
Con el avance de estas políticas, el gobierno israelí sigue impulsando medidas de seguridad que han sido criticadas por su dureza, mientras que los grupos defensores de los derechos humanos advierten sobre las consecuencias de criminalizar a los menores en un contexto tan delicado y conflictivo.
Con información de EFE.