Militares son condenados por la muerte de dos estudiantes
Cinco elementos del Ejército Mexicano fueron condenados a 90 años de prisión por el asesinato de dos jóvenes en el Tec de Monterrey, en marzo del 2010.
José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, dictó la sentencia en contra de cinco de seis militares ligados a al caso, a quienes se les señala como los autores materiales del delito de homicidio calificado.
Cinco de los soldados acusados ya están presos, mientras que el sexto se encuentra en calidad de desaparecido.
Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron ejecutados extrajudicialmente la madrugada del 19 de marzo de 2010, a las afueras de la universidad.
En ese momento, el ejército mexicano buscó justificar los actos al señalar a los alumnos como presuntos sicarios.
Fue hasta marzo del 2019 cuando la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que los jóvenes eran inocentes y que habían sido asesinados por los soldados.
La exsecretaria emitió una disculpa para las familias de las víctimas en nombre del gobierno de México.
La madrugada del 19 de marzo de 2010, cuando México vivía una guerra contra el narcotráfico emprendida durante el sexenio de Felipe Calderón.
Ese día hubo un enfrentamiento en la avenida Eugenio Garza Sada, afuera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ese día por la mañana, la entonces Procuraduría de Justicia de Nuevo León, informó que como resultado del enfrentamiento en el que participaron elementos del Ejército Mexicano dos supuestos delincuentes habían fallecido.
Aunque horas después se dio a conocer que los presuntos pistoleros abatidos eran más bien estudiantes de excelencia académica del Tec de Monterrey: Jorge y Javier, de 23 y 24 años.
Para ocultar el error, los elementos del Ejército que participaron en el enfrentamiento habrían alterado la escena y sembraron armas de fuego. En 2019, nueve años después del crimen, el gobierno Mexicano ofreció disculpas públicas.
"Ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos", señaló Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación. A la fecha se sabe que hay cinco elementos del Ejército detenidos por esos hechos, tres permanecen en una cárcel militar y dos en un penal ubicado en Nuevo León.