Publican Plan B de reforma electoral

Finalmente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Plan B de Reforma Electoral, impulsado desde el gobierno federal, las reformas contempladas en materia electoral entrarán en vigor este 3 de marzo.

Las legislaciones que sufrirán cambios son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de contemplar la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con la publicación del llamado Plan B, se echa a andar la reestructuración administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Uno de los aspectos fundamentales contemplados en las reformas, es la reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional, que ordena al INE fusionar su estructura con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) mediante un estatuto que deberá ser presentado a más tardar el 30 de julio de 2023.

Por su parte, los Oples, deberán modificar su operación de tal forma que funcionen con "la estructura ocupacional mínima". La legislación publicada señala que dichos organismos no contarán con estructuras municipales o distritales permanentes ya que a partir de ahora, sólo se podrán instalar durante los procesos electorales con un máximo de tres a cinco consejeros electorales.

Otra de las modificaciones sustanciales contempladas en esta reforma, es el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva, bajo el argumento de la reducción de sus atribuciones. El Plan B, establece que el Secretario Ejecutivo ya no tendrá la facultad de nombrar a los integrantes de las juntas distritales y locales, también se le quito facultad de elaborar el anteproyecto de presupuesto del INE.

De acuerdo a lo publicado hoy en el DOF, los funcionarios podrán manifestarse en "uso de su libertad de expresión" y durante el ejercicio de sus funciones, sin que estas actividades sean consideradas propaganda.

Las reformas aprobadas por el Congreso mexicano establecen que los "escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin [...] por un Ente Público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines" y la información sobre los resultados en favor del bienestar de la población, no serán considerados como propaganda, sino como campañas de comunicación social.

Lo que trae como resultado que a partir de la entrada en vigor del Plan B, cuando se lleven a cabo procesos electorales o consultas ciudadanas se deberán suspender las campañas de propaganda, pero no las de comunicación social.

Cabe resaltar que estas disposiciones no serán aplicables para las elecciones de Coahuila y el Estado de México.