Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una sesión histórica, ya que evaluará la controversial reforma judicial.
Bajo la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, el máximo tribunal discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone anular la elección de jueces y magistrados por voto popular, medida que forma parte de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por Morena.
Para lograr que se invalide esta reforma, se necesitan al menos ocho votos de los 11 ministros actuales. Se prevé que ministros como Piña Hernández, González Alcántara, Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena apoyen la anulación parcial, mientras que ministras como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, alineadas con la Cuarta Transformación, podrían votar en contra. Este resultado sería decisivo en la medida en que impactaría tanto en el sistema de elección de juzgadores como en la independencia del Poder Judicial en México.
La reforma, que implica reducir el pleno de la SCJN a nueve ministros y establece cambios significativos en el nombramiento de jueces, ha generado resistencia en el ámbito judicial y entre la sociedad civil, quienes han expresado su preocupación por la independencia y autonomía de este poder.
El exministro José Ramón Cossío Díaz advirtió sobre un posible conflicto constitucional en caso de que los poderes Ejecutivo y Legislativo, dominados por Morena, decidieran no acatar la sentencia de la Corte si esta falla en contra de la reforma. En ese escenario, dijo Cossío, la Corte podría proceder penalmente contra estos poderes, acusándolos de delitos contra la administración de justicia, lo cual llevaría el conflicto a un nivel sin precedentes en la historia moderna del país.
De concretarse tal desacato, los ministros tendrían la autoridad para consignar a los involucrados directamente ante un juez de Distrito, evitando el proceso de desafuero y la intervención de la Fiscalía General de la República. Este procedimiento especial otorga a la SCJN la capacidad de actuar de manera expedita en casos de rebeldía o desacato a sus resoluciones.
El debate de esta reforma representa un punto crucial para la relación entre el Poder Judicial y el resto de los poderes en México. El resultado podría reforzar o poner en riesgo el balance entre los poderes, así como el respeto a la autonomía judicial. En cualquier caso, esta sesión de la SCJN marcará un antes y un después en el escenario político y judicial del país.