Se rebelan 90 diputados contra reforma al TEPFJ
Un grupo de más de 90 diputadas y diputados de Morena, PT, PVEM y PRI se pronunciaron en contra del anteproyecto de reforma constitucional que limita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver sobre las llamadas "acciones afirmativas" para grupos sociales minoritarios y vulnerables, dijo la morenista Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
La legisladora mencionó que el documento de trabajo que se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales, limita a ese organismo electoral para conocer y resolver sobre las llamadas "acciones afirmativas" para los grupos sociales minoritarios y vulnerables, respecto a la integración de las cámaras del Congreso.
Explicó que la propuesta original para reformar al TEPJF no consideraba limitar al organismo respecto a las "acciones afirmativas", pero, dijo, la bancada del PAN puso ese tema sobre la mesa como condición para apoyar el dictamen.
Además indicó que la preocupación que comparten 90 diputados, 60 de los cuales son de Morena, se la hizo saber a la vicecoordinadora de su grupo parlamentario, la diputada Aleida Alavez Ruiz, para que la exponga en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
"Nosotros nos mantenemos de que si no se elimina ese párrafo del (artículo) 41 y 73 (de la Constitución), varios de los que estamos acá firmando, no estamos de acuerdo en caminar en los términos en que está el (anteproyecto de) dictamen", expresó.
Explicó que el documento de trabajo establece que es exclusividad de las cámaras del Congreso trabajar los asuntos que tienen que ver con "acciones afirmativas", y con ello le ponen límites al TEPJF para que pueda determinar si hubo o no violaciones a los derechos políticos electorales de los grupos minoritarios y vulnerables.
"Le estaríamos quitando los dientes al Tribunal para que, de alguna manera, pueda garantizar los derechos políticos electorales de esos grupos", dijo.
"El Tribunal tendría que tener, de alguna manera, participación en revisar que se aplique la ley y garantizando los derechos de estos grupos minoritarios, sabemos lo que paso en Chiapas, en Oaxaca, y pues nosotros no estamos a favor de la simulación, estamos a favor de que sean los pueblos, estos grupos minoritarios los que accedan a estos espacios importantes de toma de decisiones", mencionó.
Agregó que este grupo de más de 90 diputadas y diputados tiene una propuesta de redacción alterna, cuyo objetivo es que se reconozca y garantice en la Constitución "el 10 por ciento de la participación de los grupos minoritarios".
Los diputados del PAN, PRI, PRD y Morena se unieron para impulsar un proyecto que busca reducir las facultades del TEPJF, el cual actualmente puede emitir sentencias a partir de interpretaciones de la Constitución, afectando las decisiones de los partidos sobre el registro de candidaturas, elección de dirigentes y representación legislativa.
La reforma constitucional pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución. De ser aprobada, será remitida al Senado para que entre en vigor para el proceso electoral de 2024.
El documento plantea que el Tribunal Electoral emitiría sus sentencias limitándose a lo que se establezca literalmente en la Constitución y las leyes electorales, y no podrá interpretarlas. Asimismo, quedaría sin facultades para resolver casos de las Cámaras del Congreso, reportó Expansión Política.
"Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal", se lee en el proyecto de dictamen.
Los partidos proponen agregar al artículo 99 que estas facultades serán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera exclusiva.
El tema de las "acciones afirmativas" es el único punto con el que están en desacuerdo en el anteproyecto de dictamen, concluyó.
En una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política, los legisladores aseguran que el proyecto pone en riesgo los derechos político electorales de grupos vulnerables.