"Todos colaboraron para desaparecer a los 43 de Ayotzinapa": GIEI
"Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto lo que ocurría la madrugada del 26 de septiembre cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, pero obstaculizaron la información y construyeron una versión falsa de los hechos", es la conclusión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su último informe sobre el caso se concluyó que las autoridades de diferentes niveles que estaban en funciones cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes supieron en todo momento lo que había sucedido con ellos, pero ocultaron y manipularon la información.
"Todos colaboraron para desaparecerlos", dijo Carlos Beristain, experto del GIEI, quien junto con la penalista Ángela Buitrago dio a conocer a periodistas nuevos hallazgos de sus investigaciones, previo a la presentación del sexto y último informe del grupo.
De acuerdo con las investigaciones, marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto y reveló la existencia de videos donde se muestra cómo son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso.
Desde que ocurrieron los hechos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, padres de los estudiantes y sus abogados han acusado al Ejército y fuerzas de seguridad de ocultar información e, incluso, de estar directamente vinculados en la desaparición de los normalistas.
¿Qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014?
43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, y jamás se supo de ellos.
Desde entonces han pasado nueve años y la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen
Las últimas investigaciones lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo califican como "crimen de Estado" e implican a funcionarios del "más alto nivel del gobierno" en el delito.