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03 de Febrero del 2025

Seguridad

Estado mexicano no responde a tragedia de desaparecidos

La crisis de personas desaparecidas en México no se ha resuelto, en parte porque a pesar de que existe un protocolo homologado de búsqueda, lo que falta es verdadera coordinación entre las autoridades de todos los niveles y de los tres poderes de la unión..

Las búsquedas se hacen de manera desarticulada y las autoridades responsables prefieren dejarle esa labor a colectivos y a las propias familias.

La alerta Amber es una estrategia conjunta para buscar a niñas, niños y adolescentes, pero la búsqueda de personas adultas está menos organizada en México.

La ley general en materia de desaparición reconoce dos perfiles: las personas desaparecidas y las personas no localizadas.

Una persona desaparecida es aquella de la que no se sabe donde está y que podría ser víctima de un delito y es obligación de las autoridades buscarla desde el momento mismo en que se enteran de su ausencia.

Las personas desaparecidas pueden ser menores o mayores de edad, hombres, mujeres o de otra identidad sexogenérica.

Las personas no localizadas, siempre son hombres mayores de edad que no se sabe donde están, pero no hay indicios de que puedan ser víctimas de un delito y por tanto no obliga a las autoridades a iniciar investigaciones ni búsquedas.

Hasta ahora, sólo el estado de guerrero cuenta formalmente con la alerta violeta, específica para la búsqueda de mujeres.

En el resto del país existen alertas violeta, que operan para casos de violencia en razón de género que puede incluir o no casos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

La reacción debe ser inmediata...

Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de desaparición del comité Cerezo dijo que hay varias cosas que hay que hacer casi al mismo tiempo; uno efectivamente ir a la fiscalía, sobre todo la fiscalía especializada en delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, actualmente en la mayoría de los estados de la república hay esas fiscalías especializadas, segundo, si tenemos la sospecha que participaron autoridades federales, nos corresponde la FGR.

"También tiene que activarse un protocolo más específico, porque si se sospecha que por su condición o su labor de defensa de derechos humanos o de libertad de expresión fue víctima de desaparición forzada, en teoría tendría que acelerarse mucho más", agregó. 

María Eugenia Arriaga Salomón, coordinadora de comunicación del centro para los derechos humanos Fray Juan de Larios dijo que siempre les decimos que tienen que poner la denuncia en la fiscalía y también a la comisión de búsqueda, la comisión estatal de búsqueda, porque ciertamente hay un enlace, en la página de internet puedes encontrar la comisión nacional de búsqueda, pero los de la comisión nacional te van a mandar al estado a donde haya desaparecido la persona.

Y aunque todas las personas merecen ser buscadas, en el caso de que la víctima sea defensora de derechos humanos o periodista, al protocolo homologado de búsqueda se deben sumar los protocolos específicos de la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Con información de Andrés Solis





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