La diputada Ruth Maricela Silva Andraca, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una propuesta legislativa orientada a salvaguardar los derechos de autor de los pueblos originarios sobre sus expresiones culturales
La iniciativa, que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, busca garantizar que las comunidades indígenas sean reconocidas como titulares colectivas de los derechos morales y patrimoniales sobre sus creaciones artísticas, artesanías y manifestaciones culturales.
La propuesta, enviada a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su revisión, establece que las comunidades indígenas tendrán la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, distribución, explotación o cualquier uso de sus obras artísticas y expresiones culturales. Esta autorización deberá ser otorgada de manera colectiva, respetando los sistemas normativos internos de cada comunidad. Además, se plantea que, incluso en casos de encargos realizados a artesanos indígenas, los derechos morales y patrimoniales seguirán siendo propiedad colectiva de la comunidad creadora.
Entre las creaciones reconocidas como propias de los pueblos originarios se encuentran textiles, cerámicas, esculturas, pinturas y otras formas de arte vinculadas a su cosmovisión. Estas obras no solo representan su identidad y tradiciones, sino que también forman parte de su patrimonio cultural inmaterial. En México, existen 68 pueblos originarios reconocidos oficialmente, cada uno con sus propias expresiones artísticas y culturales que contribuyen a la riqueza cultural del país.
La iniciativa también propone sanciones severas para quienes utilicen, reproduzcan o comercialicen artesanías, diseños o símbolos indígenas sin autorización
Las multas podrían alcanzar hasta el triple de los ingresos obtenidos por el uso indebido o, en su defecto, hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, se contempla la confiscación inmediata de los productos relacionados y la obligación de indemnizar a las comunidades afectadas por los daños económicos y culturales.
En casos de plagio, imitación o apropiación indebida de elementos culturales indígenas, las sanciones podrían incluir multas de hasta mil veces la UMA, la prohibición de continuar explotando comercialmente los productos y la publicación de una disculpa pública en los medios donde se haya promocionado la obra plagiada. En situaciones graves que afecten el patrimonio cultural de una comunidad, se podría imponer una pena de dos a cinco años de prisión.
Las multas recaudadas por estas infracciones serán destinadas exclusivamente a programas de desarrollo cultural y económico para las comunidades indígenas afectadas
La diputada Silva Andraca destacó que las creaciones de los pueblos originarios son frecuentemente objeto de plagio y explotación por parte de terceros, quienes lucran con ellas sin reconocer su origen ni compensar a sus creadores. Este fenómeno no solo representa una pérdida económica para los artesanos, sino también una agresión a su identidad cultural y espiritual. La apropiación indebida de diseños, textiles y técnicas tradicionales por parte de empresas nacionales e internacionales ha generado un patrón alarmante que requiere medidas urgentes de protección.