Acusa Rodrigo González a Presidente del Tribunal de proteger exfuncionarios

Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad acusó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ismael González Parra, de proteger a los exfuncionarios nayaritas que están acusados por diversos delitos, entre ellos la probable participación en el secuestro y la desaparición de personas en el estado. Pues aunque el magistrado ha conocido las historias de las víctimas y el nombre de sus supuestos victimarios, los jueces que se han encargado de estos, forman parte de este grupo que era liderado por Edgar Veytia. "Usted está defendiendo los hechos por acción y por omisión al cártel de la gente porque usted además preside el consejo de la judicatura y de bienestar viendo qué es lo que están haciendo los jueces, ahí están los amparos, la justicia federal están amparando a las víctimas que ustedes no quieren reconocer como víctimas, aparte además de que presentan todas la documentales y los datos de prueba necesarios", dijo.

Señaló el caso que implica a Carlos "N", quien tiene dos procesos abiertos por desaparición forzada y un juez negó un tercer proceso de manera amañada, así mismo precisó que según la ley, la hermana de este ex funcionario, debería estar enfrentando un proceso por ser cómplice, pues ella se quedó con un terreno que fue obtenido gracias al secuestro de sus propietarios reales. Señaló también la negativa que tuvo para otorgar una copia de uno de los juicios ficticios del INFONAVIT, a Filiberto Villalobos, quien no podía pagar los más de 100 mil pesos requeridos para las copias del mismo. "El presidente del tribunal no quiso apoyar a una víctima él sabía perfectamente del caso de infonavit, obstruyó la justicia y le negó a una víctima la posibilidad de defenderse en un derecho humano que es el derecho a la vivienda, que era estudiando porque no fue huido ni vencido en un juicio", agregó.

Reiteró además que los jueces que llevan algunos de los casos en contra del exgobernador Roberto "N", son parte de este grupo que controlaba la seguridad y justicia en el estado, motivo por el que no avanzan las investigaciones.