Cierra sexenio con claroscuros en materia de seguridad
A días de terminar la administración de Enrique Alfaro, la seguridad tuvo claroscuros en su sexenio.
Mensualmente, el gobernador ofreció cifras en seguridad, reiterando que eran datos avalados por el gobierno federal al ser publicados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La realidad es que dichos datos fueron alimentados por la propia Fiscalía del Estado.
Autoridades destacan en sus logros un aumento del estado de fuerza, al pasar de 20 mil 345 policías en 2018 a 23 mil 895. afirman también un alza en judicializaciones, pues en 2019 se judicializaron 10 mil 617 personas y para 2024 se judicializaron 21 mil 130 personas. No obstante, datos de INEGI muestran que apenas uno por ciento de los casos llegó a sentencia.
Se asegura que al inicio de administración se cometían mil 985 delitos por cada 100 mil habitantes, arriba de la media nacional y se redujo a mil 441 por cada 100 mil. Los de mayor baja: robo a persona, de vehículo, robo a casa habitación, de motocicleta, carga pesada y a banco.
En homicidios dolosos reportan una disminución de 30 por ciento. El dato se basa en carpetas de investigación generadas, pero que pueden abarcar uno o más homicidios. Estadísticas federales hablan de un incremento en la cantidad de víctimas durante el sexenio, 12 mil 434 hasta septiembre pasado.
Jalisco se ubica en una zona de tráfico de drogas y donde impera la operación del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los primeros años del gobierno alfarista tuvo un incremento de la violencia por luchas internas de esta estructura.
En el discurso de Alfaro se afirmó múltiples veces que la responsabilidad del combate a la delincuencia organizada era de la federación y no el estado. Sin embargo, este discurso no era el inicial. En la plataforma política presentada en 2018, se mencionaba incluso la conformación de un sistema de inteligencia para combatir a la delincuencia organizada. Culpaban entonces al Gobierno estatal de la falta de atención de este problema. Se afirmó incluso la conformación de dependencias para atender el tema, pero nunca nacieron.
La realidad es que Jalisco está obligado por ley a atender casos de delincuencia organizada, pues desde 2004 hay una ley que obliga a autoridades locales a investigar delitos de este tipo. Únicamente otras dos entidades tienen leyes similares: Baja California y Morelos.
Jalisco se ató sólo de manos para intervenir en casos donde la delincuencia organizada se colude o realiza delitos del fuero común. "La ley contra la delincuencia civilizaria del Estado de Jalisco hace y le da obligaciones a la autoridad local para ejercer lo que esa ley le obliga en el ámbito de su competencia. No hay más. Corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco", expresó Luis Campos, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
La presencia de los grupos criminales deriva en otro crímen de alto impacto: las desapariciones. Autoridades aseguran que 17 mil 400 personas han sido localizadas en este sexenio, 84% con vida, 15% sin vida. Y en el caso de las personas desaparecidas durante este sexenio han sido nueve mil 618, de los cuales el 88% han sido hombres, 11% han sido mujeres. Dicen el registro histórico que data desde 1942 es de 15 mil 288.