El Estado de México despenaliza el aborto hasta 12 semanas
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Estado de México se convirtió en la décimo octava entidad federativa en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta decisión fue ratificada por la 62 Legislatura del Estado, que aprobó la ley con 55 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) decidió abandonar la sesión durante la votación.
La reforma al Código Penal del Estado establece que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas no será considerada un delito. Además, se contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo después de este plazo bajo ciertas condiciones, como en casos de violación, riesgo para la vida de la madre, o si se detectan anomalías genéticas en el feto.
Interrumpir el embarazo fuera de estas causas después de las 12 semanas será penalizado, con penas que van de cinco a diez años de prisión y multas que oscilan entre 50 y 400 días
Este cambio legislativo es parte de un movimiento más amplio en México para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Desde 2007, cuando la Ciudad de México fue pionera en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, otras entidades han seguido su ejemplo. Entre ellas se encuentran Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California, entre otros. A pesar de estos avances legislativos, muchas mujeres aún enfrentan obstáculos significativos para acceder a servicios seguros de aborto debido a estigmas sociales y falta de información.
La aprobación en el Estado de México es especialmente relevante dado que es la entidad más poblada del país. La despenalización representa un paso hacia la protección de los derechos humanos y busca mejorar el acceso a servicios médicos seguros para las mujeres. Sin embargo, el camino hacia la igualdad plena sigue siendo complicado.
En diversas regiones del país, persisten prácticas discriminatorias y negativas hacia quienes buscan interrumpir su embarazo
Este año varios tribunales en Yucatán, Nayarit y Morelos han instado a sus legislaturas locales a derogar el delito de aborto en sus códigos penales. Sin embargo, estas iniciativas aún están pendientes de aprobación formal para que se conviertan en ley.
Las sanciones para quienes realicen abortos fuera del marco legal son severas. Se prevén penas que pueden aumentar si se demuestra que hubo violencia o negligencia durante el procedimiento. Para los profesionales médicos involucrados en prácticas ilegales relacionadas con el aborto, se contempla una suspensión del ejercicio profesional que puede ir de tres a seis años.