Exige el gremio periodístico que se activen los protocolos de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, que se asigne el presupuesto a las dependencias de seguridad y sobre todo que esta ley deje de ser tan solo un texto guardado en los estantes de las instituciones públicas.
También exigen que la Fiscalía tengan personal sensibilizado y capacitado para atender estas problemáticas. Así como capacitación para los policías operativos que muchas veces interactúan con periodistas de nota roja.
La urgencia de que se activen todos los mecanismos de esta ley es por los recientes hechos en contra de comunicadores que incluyen un asesinato, un robo con violencia y daño a propiedad ajena.