En Coahuila la trata o explotación sexual digital no está tipificada en el Código Penal, es decir, la venta de contenido íntimo con el objetivo de lucrar y sin consentimiento de las personas involucradas. Lo que sí se sanciona es la difusión de material sin consentimiento. El Artículo 272 del Código Penal de Coahuila castiga las violaciones a la privacidad, a la imagen o intimidad personales con penas que van de 2 a 7 años de prisión y multa.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) cuenta con 2 mil 515 casos de violencia digital, de enero 2022 a mayo 2023. Las personas agresoras identificadas son en su mayoría, exparejas.
En Coahuila la difusión sin autorización de material fotografías o videos se denuncia en las mesas del Ministerio Público de los Centros de Justicia o de la Fiscalía General de Coahuila. La dependencia cuenta con un área de Análisis de Información e Inteligencia Patrimonial Económica que coadyuva a las labores de investigación.
"Analizamos a la persona y empezamos a trabajar para buscar el rastro digital y a ver esta imagen me la tomo tal persona (...) para lograr ubicar las imágenes, de dónde salieron, cómo se transmitieron, si hubo algunos pagos y perfiles y ubicación de personas que al final de cuentas nos ayuden a esclarecer quién difundió esas imágenes y poder obtener pruebas para llevar a un juicio", informó Víctor Ortiz, coordinador de la Unidad de Análisis de la Fiscalía General de Coahuila.
Comenta que existen medios electrónicos para interponer la denuncia, pero se solicita la presencia física por lo que únicamente reciben un folio que posteriormente deben presentar cuando hagan la denuncia y que ésta es necesaria.
"Yo necesito la denuncia porque yo dependo de poder hacer a lo mejor es una intervención de comunicaciones y a mí me pide que tiene que ser otorgada por un Juez de Control Federal, o sea, no más consiguió agarré una computadora y diga voy a accesar al dispositivo al teléfono de "x" personas", agregó.
Olimpia Coral Melo, promotora de la Ley Olimpia, ha denunciado desde hace varios años, la creación de mercados de explotación sexual digital en diferentes entidades a través de estos grupos en redes sociales y, mientras que el proceso burocrático para realizar la denuncia puede ser lento, la aparición y desaparición de estos grupos se hace en cuestión de minutos y se sigue lucrando con el cuerpo de las mujeres.