Fiscal Letitia James presiona para mantener castigo financiero a Trump
En febrero de 2020, un juez le prohibió a Donald Trump dirigir ninguna empresa o entidad en Nueva York durante tres años y dos a sus hijos Eric y Donald Jr, a los que también multó con ocho millones
El magistrado de la Corte Suprema de Manhattan, Arthur Engoron, presidió el caso civil por fraude contra el expresidente y candidato republicano para 2024. Trump fue acusado de inflar el valor de sus activos, supuestamente valorados en hasta 2,200 millones de dólares, con el fin de obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros. Engoron consideró que había pruebas suficientes para sostener estas acusaciones y dictaminó un veredicto que obliga a Trump a pagar más de 350 millones de dólares. Además, restringió las actividades empresariales de Trump en el estado durante tres años y las de sus dos hijos durante dos años. Donald Jr. y Eric también deberán pagar cuatro millones de dólares cada uno, mientras que Allen Weisselberg, exasesor financiero, deberá abonar un millón, elevando la sanción total impuesta a la organización a 364 millones de dólares.
Los abogados de Trump apelaron la decisión, pero antes debieron realizar un depósito parcial de la sanción. También acusaron al juez de actuar por motivos políticos, alegando que Trump estaba siendo castigado por haber construido un imperio empresarial exitoso.
La fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, instó a un tribunal de apelaciones a mantener la multa de 454 millones de dólares por fraude civil contra Trump, argumentando que existen pruebas abrumadoras de su culpabilidad. James señaló que Trump, sus hijos y su empresa, la Organización Trump, emplearon diversas tácticas engañosas que perjudicaron al mercado.
Trump, por su parte, afirmó que las supuestas víctimas, principalmente los bancos que le otorgaron préstamos con tasas de interés favorables, en realidad se beneficiaron de los acuerdos. Sin embargo, la oficina de James respondió que la ley en la que se basaba la demanda no requería demostrar que las instituciones financieras hubieran sufrido pérdidas.
El juicio civil, que se llevó a cabo sin jurado y duró dos meses y medio, concluyó a mediados de enero. Trump, quien a menudo utilizó el proceso como parte de su campaña política, fue uno de los 40 testigos en el estrado. En su declaración, admitió haber participado en algunas decisiones sobre la valoración de sus propiedades, pero también señaló que la responsabilidad recaía en abogados y contadores, y que los bancos debían realizar sus propias valoraciones. Afirmó que los bancos estaban encantados de hacer negocios con él, lo cual fue corroborado por otros testimonios.
Si Trump pierde la apelación, podría enfrentar la disminución de sus reservas de efectivo e, incluso, el congelamiento de sus cuentas bancarias o el embargo de algunas de sus propiedades.