Paro finaliza, juzgados reabrirán el lunes
Después de un mes de paro laboral, más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) retomarán sus actividades el próximo lunes 23 de septiembre.
La huelga, que comenzó el 21 de agosto, fue una protesta en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este tiempo, solo se atendieron casos urgentes, pero a partir del lunes, los juzgados y tribunales federales reanudarán sus funciones habituales.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tomó la decisión de poner fin al paro con una votación de 5-2, aunque la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, votó en contra. La huelga incluyó diversas manifestaciones y acciones destacadas, como la interrupción de una sesión en el Senado el pasado 10 de septiembre, lo que obligó a los legisladores a cambiar de sede.
La reforma judicial ha generado controversia debido a varias modificaciones, entre ellas la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, la reducción de 11 a 9 ministros en la SCJN y la disolución del Consejo de la Judicatura para crear dos nuevos organismos. Los trabajadores del PJF argumentan que estos cambios politizarán la justicia y los jueces podrían estar más expuestos a influencias externas.
Además de las protestas del PJF, la reforma ha sido criticada por organismos empresariales, asociaciones civiles y embajadores de Estados Unidos y Canadá, quienes advierten que la independencia judicial podría verse comprometida. A pesar de estas críticas, la reforma fue aprobada por el Congreso y publicada el 15 de septiembre.
Durante el paro, miles de casos judiciales quedaron estancados. Expertos estiman que en algunos juzgados civiles se reciben alrededor de 900 asuntos al año, mientras que en los juzgados familiares se gestionan hasta 3 mil casos. El retraso de un mes en las labores judiciales ha generado una acumulación significativa de asuntos por resolver.
Los trabajadores del PJF han anunciado que recurrirán a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para intentar revertir la reforma.