Por: Abel Martínez Luna
Se encienden las alertas por el pronóstico de sequías extremas. El cambio climático es el factor principal.
El fenómeno de "La Niña" se presentará por tercer año consecutivo, algo nunca antes visto desde que se tienen registros. La Niña genera un descenso de la temperatura en el pacífico y esto en México agudiza la sequía del centro al norte del territorio y la humedad en el sur.
Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental y especialista en Gestión de Residuos y Cambio Climático, explica, "eso es el cambio climático, el desorden ya, mucho frío cuando no había y mucho calor. Ese es el efecto de la famosa Niña o Niño, que son estos desequilibrios".
Por su extensión y diversidad de climas, el 52% del territorio es susceptible a sequía, pero actualmente más del 80%, la padece. 30 estados tienen algún grado de sequía en su territorio. Los más afectados son Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, con 25 municipios en sequía extrema.
La sequía es un periodo prolongado en el que deja de llover. Hay sequía agrícola cuando el campo no tiene la humedad necesaria para producir e hidrológica cuando los cuerpos de agua comienzan a agotarse. El pronóstico de sequías extremas de este año se basa en dos datos: de octubre a enero pasados se registró un déficit de lluvia de 38.8%, con relación a la cifra histórica; y las 210 presas principales están al 64% de su capacidad, por debajo de los niveles históricos.
Jorge Fuentes, coordinador de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, advierte, "este año vamos a vivir muchas consecuencias de estos tres últimos años de sequía que hemos tenido, que inició a finales de 2019-2020".
En 2022 el 80% de los municipios reportaron algún grado de desabasto de agua y 5 estados experimentaron sequía excepcional, con pérdidas de cultivo, incendios y emergencia por ausencia de agua.
2023 será el tercer año consecutivo de la sequía más grave en lo que va del siglo.
Luego de que el Senado de la República retirara el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones para su discusión en el Pleno, a fin de someterlo a un diálogo abierto, plural y constructivo en el que se buscará la participación de todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados en la materia, la Barra Mexicana, Colegio De Abogados, A.C. y el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford celebraron la suspensión del proceso legislativo por considerar que esta propuesta contempla disposiciones excesivamente amplias y ambiguas para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sin definir con claridad los supuestos aplicables ni establecer mecanismos de control adecuados.
La BMA y Facultad de Derecho de Stanford destacaron que cualquier regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe alinearse con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
"Instamos a que la futura discusión de esta iniciativa legislativa incorpore un análisis riguroso desde la óptica de los derechos humanos, y en particular, del derecho a la libertad de expresión, conforme al marco constitucional e internacional vigente", expresaron.
"Es un acierto que, ante las protestas sociales y los señalamientos de diversos sectores, la presidenta de la República haya reconocido la necesidad de abrir un proceso de diálogo con los actores involucrados, con el objetivo de someter la iniciativa a un mayor escrutinio técnico y jurídico", agregaron.
La iniciativa de ley ha causado polémica debido a que en su artículo 109 se menciona que "las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital". Esto ocurrirá "en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables" y la "Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital".
El diálogo estará coordinado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y apoyado por las comisiones dictaminadoras correspondientes.
La oposición asegura que esta situación implica lo que denominaron un "autoritarismo digital", además de que "pone en riesgo la libertad de expresión en México".
La reforma es parte de la iniciativa que la presidenta de México anunció para prohibir la propaganda extranjera pagada, tras la difusión en México de comerciales de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, contra la migración ilegal.
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) ingresaron al centro recreativo de "Barranquitas", ubicado en la zona de El Pichón, ante la decisión de un juez que rechazó el aseguramiento de las instalaciones por parte de la Fiscalía General de Nayarit.
Un numeroso contingente encabezado por el secretario general del sindicato, Óscar Cedano, rompieron la cadena y el sello para entrar a este predio con el propósito de verificar las condiciones en las que se encuentra; al interior, fue encontrado un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSyPC) quien realizaba labores de resguardo.
Cedano explicó que un juez federal concedió un amparo para que el predio "Barranquitas" sea regresado a sus propietarios, e incluso, la Fiscalía no realizó la notificación a la SSyPC. Asimismo, tanto el balneario como el paso de servidumbre no deberían haber sido asegurados.
El líder del SUTSEM señalo que denunciaron por despojo y daños ante la Fiscalía General de la República al fiscal de estado, Petronilo Díaz Ponce, por el aseguramiento de dos propiedades, hecho registrado en septiembre del 2022.
"Se presentó una denuncia contra el fiscal general del estado ante la Fiscalía General de la República por el tema de despojo, lo que viene siendo la parcela 228 y 229 que es toda esta área de los balnearios y el paso de servidumbre esos no tiene nuna orden judicial, no debieron haber sido asegurados.
Se nos da a nosotros como organización sindical sede de estas parcelas anombre de la organización sindical y por eso es que hoy venimos a reclamar, a parte que traemos nel amparo de un juez federal, donde de plano dice que estas propiedades deben de ser regresadas a los propietarios que en este caso es el SUTSEM". - Óscar Cedano, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado y Municipios (SUTSEM)
Un hombre fue captado en video vendiendo aves exóticas en la carretera federal 200, antes de llegar a Sayulita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Entre las especies observadas se encuentran pequeños pericos, agapornis y ninfas, que estaban dentro de una jaula colocada a un costado del camino.
La denuncia fue realizada por Tracy Willis, representante de la organización Ser Su Voz A.C., quien afirmó haber recibido amenazas tras señalar públicamente esta actividad. De acuerdo con la grabación, las aves se encontraban en condiciones de confinamiento, lo que representa un riesgo para su salud y supervivencia durante el proceso de traslado y comercialización.
La venta de especies silvestres como pericos atoleros y guacamayas está prohibida en México y se considera un delito federal. La Ley General de Vida Silvestre establece que la posesión, transporte o comercialización ilegal de fauna silvestre puede sancionarse con penas de hasta nueve años de prisión y multas que alcanzan los 50,000 días de salario mínimo, lo que equivale a más de 5 millones de pesos.
En el caso de algunas especies exóticas no endémicas, su venta está permitida únicamente si se cuenta con la documentación legal correspondiente, como la factura de compra emitida por criaderos autorizados. Las autoridades ambientales exhortan a la población a no adquirir fauna sin acreditar su procedencia legal y a reportar estas actividades ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
