Por: Abel Martínez Luna
En medio de la crisis de derechos humanos que padece México, organizaciones denuncian que el gobierno revictimiza al minimizar las exigencias de víctimas y activistas.
Señalan que el presidente vincula el ejercicio del poder con el ejercicio político electoral y ubica a quienes le reclaman sus derechos como opositores, a pesar que en 2018 se comprometió a respetar los derechos humanos.
Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señala, "es desafortunado que el gobierno y el presidente se han inclinado a verlos como posibles grupos afines a sus opositores políticos que organizaciones civiles genuinas".
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, denuncia, "los grupos que defienden la tierra, el medio ambiente, acusados de fifís conservadores; el movimiento feminista que un día sí y otro también es estigmatizado como violento, toda la forma de disidencia".
Un ejemplo grave es el trato a familiares de desaparecidos, quienes acusan al Estado mexicano de abandonarlos en su búsqueda.
Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, subraya, "pisamos nosotros callos tan sensibles por lo que hacemos, por lo que visibilizamos y nos amenazan y nos sacan del estado, nos mandan a otros estados porque estamos visibilizando lo que las autoridades tratan de ocultar".
Amnistía Internacional señala que la ley de personas desaparecidas fue un avance, pero denuncia que como la cifra de víctimas sigue siendo muy alta, el gobierno busca la manera de reducirla.
"En este país quienes buscan a las personas son sus familiares y cuando las encuentran son ellos no es el Estado, el Estado no sólo no nos garantiza la integridad, sino que cuando alguien desaparece el Estado no la busca", indica Olivares Ferreto.
Hay más de 111 mil personas desaparecidas, 42 mil en este gobierno, pero sólo hay 36 sentencias por este delito.
El presidente también descalifica a organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército en 1947 y este año señaló al gobierno de López Obrador de no avanzar en la condena.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no tardo en responder, "esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos: no actúa con profesionalismo actúan de manera tendenciosa. No son confiables".
En este gobierno han asesinado a 151 periodistas y activistas.
Cada día se cometen más de 2 feminicidios.
El año pasado migración expulsó a más de 90 mil migrantes, entre ellos a menores no acompañados.
Hay un sistemático uso excesivo de la fuerza pública y las victimas de delitos no tienen acceso a la justicia.
Para Amnistía Internacional México, "este es un país donde se violan derechos de manera cotidiana y la manera de iniciar el camino a frenar las violaciones es reconocer el problema estructural y se tomen medidas preventivas más que punitivas para reducir las violaciones en México".