La extorsión en México, un delito que avanza
El Estado de México es la entidad con mayor reporte de extorsiones
Por: Andrés Solis /@aasolisa
En México cada hora se comete una extorsión, sólo considerando aquellas que se denuncian, porque la cifra negra supera el 90% de casos que nunca llegan ante el Ministerio Público.
A finales de noviembre el grupo de hacktivistas randsomhub robó millones de archivos de la Consejería Jurídica del Gobierno de México y amenazó con hacerlos públicos si la Presidencia de la República no pagaba. El gobierno no pagó la extorsión y el 25 de noviembre los piratas cibernéticos liberaron 210 gigabytes de información confidencial.
Ni siquiera el gobierno mexicano ha sido inmune al delito de extorsión, el único que las autoridades reconocen que no ha disminuido en los últimos años.
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, se denunciaron siete mil 664 extorsiones en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Abril fue el mes que más casos reporta con 936.
Abel Carreón Mora, abogado penalista, explica "mucho se debe a la sensación de inseguridad a la inseguridad que existe, por los grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico, eso ha hecho que el delito de extorsión venga en aumento".
Mientras que Alberto Guerrero Baena, consultor en Seguridad, Policía, Justicia y Movimientos Sociales, destaca que "el problema de ese delito es la cotidianeidad del mismo, porque la extorsión se puede realizar desde empresas a corporativos e inclusive también después se puede ligar a ciudadanos y estos ciudadanos, tan sencillo que no van a reportar las mismas, porque muchos de ellos ya lo hacen parte de".
En los últimos seis años se vio un aumento progresivo de casos de extorsión cada año, sólo con una disminución en 2020, el peor año de la pandemia por Covid 19, pero de 2018 a 2024 suman más de 57 mil denuncias por este delito.
El Estado de México concentra 35.2% de extorsiones; es decir, una de cada tres se cometen en esta entidad.
El segundo lugar lo ocupa Veracruz con cuatro mil 785 denuncias y le siguen Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México.
En el otro extremo se encuentra Tlaxcala que en seis años sólo reportó 19 casos de extorsión y Yucatán con apenas 37.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio entre sus agremiados, la extorsión representa uno de los mayores temas de seguridad, que afecta sus ingresos e impacta en sus precios al consumidor, ante la incapacidad de la autoridad para evitar el delito.
Adrián Regino, abogado penalista, puntualiza, "es decir, me tienes que pagar una cierta cantidad o de lo contrario voy a quemar el local en donde estás, voy a generar ciertas acciones y esta es la coacción que se lleva a cabo este delito".
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que implementará un plan para regularizar la situación de miles de personas que habitan viviendas invadidas.
La propuesta consiste en ofrecer un esquema de arrendamiento con opción a compra para que quienes actualmente ocupan estos inmuebles puedan convertirse en sus propietarios en un plazo de entre cuatro y cinco años.
De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, esta medida busca evitar desalojos y brindar una solución habitacional a quienes hoy viven en condiciones irregulares. "Lo que queremos es que estas personas puedan adquirir la casa a un precio muy económico, bajo el esquema de renta con opción a compra", explicó durante la conferencia matutina de este lunes.
Actualmente, se realiza un censo en colaboración con la Secretaría de Bienestar. De las 843 mil viviendas registradas en el Infonavit, se ha contabilizado un avance del 20%, es decir, 168 mil viviendas.
De estas, 145 mil están habitadas y 23 mil se encuentran deshabitadas o vandalizadas. La estrategia se enfoca en los casos donde las casas han sido ocupadas sin autorización, pero se encuentran en condiciones habitables.
Aunque el artículo 285 del Código Penal Federal establece que el allanamiento de morada es un delito que puede castigarse con hasta dos años de prisión y una multa de hasta 100 pesos, Romero Oropeza aclaró que no se procederá legalmente contra los ocupantes actuales. En cambio, se les invitará a regularizar su situación bajo este nuevo esquema. En caso de no aceptar, no podrán reclamar la propiedad.
El funcionario señaló que este programa responde a instrucciones directas de la presidenta de México y representa un cambio en el enfoque que tradicionalmente se ha dado a las viviendas invadidas. "Antes, esas casas se desalojaban y se vendían a particulares. Ahora buscamos que quien la habita, aunque no sea derechohabiente, tenga una oportunidad de convertirse en dueño", explicó.
Respecto a los legítimos propietarios que aún mantienen sus créditos activos y cuyas viviendas han sido ocupadas, Romero Oropeza aseguró que se trabaja en la reprogramación y reestructuración de sus créditos para que puedan conservar su patrimonio. "En caso de que la vivienda esté invadida, se buscará cómo reponerla al titular original", afirmó.
La nueva medida no sólo busca brindar certeza jurídica y habitacional, sino también reducir el número de viviendas deshabitadas y vandalizadas en el país. Con ello, el Infonavit apuesta por un modelo que privilegie la regularización voluntaria y el acceso a la vivienda digna para sectores vulnerables.
Además de enfrentar una reducción del 50% en las unidades del transporte público, la ciudadanía de Torreón ahora se ve afectada por operativos constantes contra conductores de plataformas como Uber y Didi.
Usuarios y choferes señalan que estos retenes, implementados por personal de Autotransporte, dificultan seriamente la movilidad en la ciudad. Los conductores los califican como una "cacería de brujas", ya que en diversos puntos como Cuatro Caminos y la central camionera se realizan detenciones arbitrarias. "Van personas con viaje y los paran para investigarlas, incluso si no tienen nada que ver", denunció Javier, conductor afectado.
Las autoridades aseguran que los operativos buscan garantizar que las unidades estén dentro del marco legal. La Ley de Transporte y Movilidad Sustentable de Coahuila exige que los vehículos registrados en plataformas también estén dados de alta ante la dependencia estatal. Sin embargo, conductores consideran que los requisitos son excesivos.
"Nos piden factura a nombre del propietario y que el auto tenga un valor mínimo de 300 mil pesos. Pero muchos de nosotros rentamos los vehículos", explicó Jorge, otro chofer de plataforma.
La falta de adecuaciones legales y el endurecimiento de los operativos, denuncian los trabajadores, benefician más a la recaudación del gobierno que a la ciudadanía. Esto, en un contexto donde la demanda por transporte privado ha crecido por las deficiencias del sistema público. Además, lamentaron que tanto el gobernador Manolo Jiménez como el alcalde Román Cepeda les prometieran apoyo durante sus campañas, pero una vez concluidas las elecciones, la situación para ellos solo ha empeorado.
A menos de 24 horas del último descenso, al filo de las nueve y media de la mañana de este lunes, se presenta el quinto ahogamiento en el municipio de Lerdo.
Los hechos suscitaron en la represa de Sapioriz, cuando un varón de 40 años de edad, identificado como David Acosta Limones junto con unos amigos, intentó cruzar caminando la zona rocosa del lugar donde se resbaló y ya no pudo salir del agua, detalló Isabel Macías, directora de Protección Civil.
Al lugar llegaron cuerpos de rescate y los buzos Castañeda quienes lograron rescatar el cuerpo alrededor de las una de la tarde.
La funcionaria indicó que a pesar de las advertencias de no nadar en los canales de riego y acercarse a los límites del río Nazas, e introducirse a nadar, la ciudadanía ignora la recomendación. Por lo que no descarta que continúen los incidentes de este tipo, durante el mes y medio que transitará el agua de riego por estos lugares.