El Estado de México se ha convertido en un foco rojo en cuanto a la violencia obstétrica, una problemática que vulnera los derechos reproductivos y de salud de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto.
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida durante el 2023 se presentaron 48 quejas por este tipo de violencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, posicionando a la entidad como la que más casos registra a nivel nacional.
Estas cifras se suman a las presentadas en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar realizada por el INEGI, donde se revela que al menos 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto, sufrieron algún tipo de maltrato obstétrico por parte del personal de salud que las atendió.
A pesar de que en el año 2020 se reformó el Código Penal del Estado de México para tipificar este tipo de violencia como delito, aún no se ha establecido un protocolo claro para su atención y sanción.
Lo cual deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, sin mecanismos claros para defender sus derechos y exigir justicia ante este tipo de abusos.
Entre las agresiones más comunes se encuentran: regaños, burlas, amenazas, humillaciones, negación de información e incluso la realización de procedimientos médicos sin consentimiento
Se requiere un protocolo integral que establezca mecanismos claros para la atención y sanción de este tipo de violencia, así como campañas de sensibilización para el personal de salud y la población en general.
Las mujeres tienen derecho a una atención médica digna y respetuosa durante el embarazo, parto y posparto.