La Procuraduría de Colombia ha iniciado una investigación contra Álvaro Moisés Ninco, exembajador del país en México, así como contra el viceministro de Juventud, Gareth Sella, y otros dos funcionarios. La causa es la presunta calumnia dirigida a la periodista Diana Giraldo, quien trabaja para Caracol Radio.
Las acusaciones se originaron de mensajes publicados en la red social X entre marzo y junio de este año, donde se afirmaba que Giraldo había difundido información que provocó el asesinato del líder social Josué Castellanos el 5 de marzo en Arauca, un hecho atribuido a disidentes de las FARC.
El Ministerio Público ha señalado que las declaraciones de los investigados pudieron afectar el honor y la reputación de Giraldo, así como fomentar un ambiente de violencia digital en su contra. Por ello, la Procuraduría la ha reconocido como víctima en este caso, lo que le permite participar en el proceso, presentar pruebas y solicitar copias de la investigación.
Además de Ninco y Sella, se investigan a María Niny Echeverry, exjefa de la Oficina de Servicios al Consumidor, y David Rozo, empleado del sistema de medios públicos RTVC. La Procuraduría buscará esclarecer si las acciones de estos funcionarios constituyen una falta disciplinaria y determinar las circunstancias y motivos detrás de las declaraciones que llevaron a esta investigación.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asunto a través de la misma red social, acusando a la Procuraduría de actuar como una "policía política" que amenaza la libertad de expresión. "¿La Procuraduría quiere ser Gestapo?", cuestionó, haciendo un llamado a las víctimas de violaciones de derechos humanos a presentar sus denuncias ante las autoridades nacionales e internacionales.
Petro reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, afirmando que en su gobierno "los funcionarios no violan derechos humanos". Esta situación ha generado un debate amplio sobre la libertad de prensa en Colombia y la protección de los periodistas, quienes a menudo enfrentan amenazas y presiones en el ejercicio de su labor.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca no solo proteger a Giraldo, sino también establecer un precedente sobre la importancia de respetar la labor periodística y garantizar la libertad de expresión en el país. Este caso refleja las tensiones actuales en Colombia entre las autoridades y los medios, en un contexto donde la seguridad de los periodistas sigue siendo un tema crítico.